“La desaparición forzada en Colombia es un crimen de lesa humanidad que se ha dirigido en primer lugar contra los campesinos, jornaleros, agricultores y obreros cuando la disputa entre los actores armados se concentró más que en el combate contra la insurgencia en el control territorial del país”, señaló el director del CNMH, Gonzalo Sánchez.
La cifra, dada a conocer en la presentación del informe “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia”, supera cualquier otra proyección hecha en el país, donde la más alta era de la estatal Unidad para las Víctimas, con registros de 47.474 desaparecidos durante el conflicto armado.
“Este informe es muy completo, ya habían sacado otros informes y no estábamos muy conformes con las cifras porque los desaparecidos no son una cifra”, dijo a Efe Pilar Navarrete, esposa de Héctor Beltrán Fuentes, desaparecido en la toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Navarrete acudió junto con otros familiares de desaparecidos a la presentación del informe, que explica a lo largo de sus 426 páginas las dimensiones y características de este delito, las causas, los daños causados a las víctimas directas y a sus familiares y la lucha constante para preservar sus memorias y conseguir que se haga justicia.
La investigación divide la evolución del crimen en cinco periodos, el primero de los cuales es el de 1970-1981, durante el cual la desaparición forzada tiene un “bajo nivel”, con unas 443 víctimas, seguido por el de 1982-1990, marcado por la “generalización”, con 6.522 casos aproximados.
En el tercero (1991-1995) hay un “moderado decrecimiento”, con aproximadamente 5.776 víctimas, mientras que en 1996-2005, en el auge de los grupos paramilitares, se produce una “explosión”, con 32.422 casos, y el último (2006-2015), que muestra un “declive”, con 9.549 desapariciones.
Según el estudio, la desaparición forzada, que fue considerada como delito solo a partir de la Ley 589 de 2000, asumió también la forma de ejecuciones extrajudiciales conocidas con el nombre de “falsos positivos”, práctica en la que militares asesinaban a civiles a los que hacían pasar por guerrilleros muertos en combate para recibir beneficios de sus superiores.
“Conocer la verdad de lo sucedido permite que las víctimas sean reparadas, que los responsables sean sancionados, que lo que pasó no se repita y que nunca más tengamos que decir que hay desaparecidos en Colombia”, manifestó el Coordinador Residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago Herrero.
Este delito ha sido perpetrado en todo el país y en el 46,1 % de los casos los autores fueron grupos paramilitares.
El 19,9 % fue cometido por las guerrillas, el 8,8 % por grupos posteriores a procesos de desmovilización, el 8 % por agentes del Estado y el 15,9 % por grupos armados no identificados.
“El crimen se agrava por el trato dado a los cadáveres por los perpetradores, que convirtieron ríos y mares en cementerios y sembraron el país de fosas clandestinas”, añade el estudio.
Para el CNMH, el “mayor reto” que impone la desaparición forzada “es el conocimiento del paradero o la suerte de la víctima que ha sido ocultada y negada por sus perpetradores”, pues del total registrado “se sabe el paradero o la suerte de 8.122, lo que equivale a un 13,4 % del total”.
De esas 8.122 personas, 3.480 aparecieron muertas (42,8 %), 984 fueron encontradas vivas (12,1 %) y 3.658 siguen desaparecidas pero existe información sobre su paradero o su estado (45,1 %).
Estas informaciones fueron obtenidas principalmente de los autores de las desapariciones que confesaron al acogerse a la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”, por medio de la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares.
“La desaparición forzada ha sido un crimen silencioso e invisibilizado, que genera un duelo infinito, suspendido, en los familiares de quienes la padecen, sumiéndolos en un dolor que no se alivia y una espera interminable”, manifiesta el documento.
El Centro Nacional de Memoria Histórica agrega que los desaparecidos son “el resultado trágico de una guerra cruenta y degradada” así como de la “precaria acción del Estado” que no ha sabido responder a las demandas de las familias y sus obligaciones legales.
