29 mar. 2024

La Defensoría del Pueblo

Sobre esto y aquello

En el 2005, el presidente Nicanor Duarte Frutos ordenó la mensura del terreno de Marina Cué, de propiedad del Estado, para destinarlo a la reforma agraria.

La empresa Campos Morombí, que lo ocupaba en forma irregular, presentó un recurso de amparo y no sé cuántos recursos más para seguir ocupándolo.

El asunto aún no se ha resuelto en los tribunales. Pero, en junio de 2012, un grupo de campesinos que lo ocupaba con autorización del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), fue desalojado violentamente. En el proceso murieron diecisiete personas, sin que se haya procesado a nadie por homicidio.

Se lo destituyó a Lugo por eso, se procesó y persiguió a muchos campesinos, en un proceso injusto desde el primer momento.

La Defensoría del Pueblo no ha hecho nada al respecto.

Por ley, las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner tienen derecho a que el Estado les compense. No todas las víctimas con derecho a la compensación han recibido lo que por ley les correspondía. Como contrapartida, han sido compensadas personas sin ningún derecho a reclamar nada. Estas falsas indemnizaciones, según denuncias, le han costado al Estado 4.160 millones de guaraníes.

Según las mismas denuncias, no se debió al error, sino a la mala fe (incluso a la falsificación de documentos), y la Defensoría del Pueblo ha hecho las cosas mal deliberadamente.

El parque Defensores del Chaco, según informaciones oficiales, tiene una superficie de 780.000 hectáreas. Ya no la tiene, según informaciones posteriores, incluyendo la ley que autoriza la utilización del parque para el “desarrollo sustentable” y la “seguridad nacional”.

No sé de qué seguridad se habla, pero está claro que el “desarrollo sustentable” es poner una cantera para la explotación de piedra para construcciones. Parte de las hectáreas perdidas son las 14.000 donde ya hay estancias, según investigaciones periodísticas.

Es un auténtico escándalo, pero la Defensoría del Pueblo no ha hecho nada al respecto.

Por estas y por otras razones, se ha pedido el cambio del defensor del Pueblo.

Entre quienes lo han pedido se encuentra el señor Ban Ki Moon. El secretario general de las Naciones Unidas, en su reciente visita al Paraguay, consideró lamentable que, a más de seis años de vencido su mandato legal, siga en su puesto el mismo defensor del pueblo. Tenía razón: el mandato alegal del señor Manuel Páez, defensor del Pueblo, venció en 2008, pero el Congreso decidió que siguiera en el cargo hasta que se nombrara al sucesor.

Hace siete años, el Congreso inició los procedimientos para el reemplazo, que se declaró so’o.

Con la visita de Ban Ki Moon, los parlamentarios decidieron apurarse: hace unos días, dispusieron efectuar el nombramiento para abril próximo.

Se espera que, esta vez, hagan las cosas bien, aunque también se teme todo lo contrario.