“Sería pésimo para el país”, pero se trata de una “lucha por la democracia”, dijo en una rueda de prensa el exministro de Justicia y ahora responsable de la defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, en relación a esa posibilidad.
El juicio político contra Rousseff, acusada de maniobras fiscales supuestamente irregulares, está en manos de una comisión del Senado, que pretende concluir el proceso a mediados de agosto, cuando se decidirá si la mandataria finalmente será destituida.
Su cargo, en ese caso, continuará hasta el 1 de enero de 2019 en manos de Michel Temer, su antiguo vicepresidente y quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el proceso.
Según Cardozo, si la Cámara Alta se inclinase por la destitución, la defensa acudirá a la Corte Suprema para intentar impugnar el proceso por “falta de una justa causa”.
Cardozo se aferró a un informe sobre el caso elaborado por un grupo de expertos en asuntos contables del propio Senado, sobre el cual sostuvo que “desbarata” muchos elementos de la acusación.
Rousseff está acusada de haber alterado los presupuestos mediante decretos no autorizados por el Congreso, como prevé la ley, y de haber contratado créditos con la banca pública para financiar programas sociales de su Gobierno, lo cual también está prohibido.
Según el análisis de los expertos del Senado, la mandataria firmó al menos tres decretos que alteraron los presupuestos sin consultar al Congreso.
Asimismo, constataron que, aun sin una orden expresa de Rousseff, los atrasos del Gobierno en depósitos que debía hacer en la banca pública para costear programas sociales, constituyeron créditos y con ello configuraron otra irregularidad prevista en las leyes.
Pese a ello, Cardozo sostuvo que ese análisis es “absolutamente favorable” a la defensa y demuestra que la acusación no ha sido más que un “pretexto para un golpe”.
Según el abogado, el análisis del Senado comprueba que no hubo dolo ni una intervención directa de Rousseff en las irregularidades que se le achacan, por lo que el proceso es “nulo” y así lo debería determinar la Corte Suprema en caso de una última apelación.
Cardozo explicó que la defensa ha decidido dejar esa instancia para después de que el Senado se pronuncie, porque confía “en las instituciones brasileñas” y está convencido de que el Parlamento no respaldará una destitución cuando “no existen pruebas” de delitos.
“Quien luchó y lucha por la democracia respeta al Parlamento y sabe que no es posible que, frente a la absoluta falta de pruebas, decida otra cosa” que no sea la absolución, declaró.
En su plan de trabajo, la comisión del Senado a cargo del juicio político tiene previsto escuchar a la propia Rousseff el próximo miércoles, pero Cardozo no precisó si la mandataria acudirá.
Explicó que, de acuerdo con las normas jurídicas, puede presentarse personalmente o enviar a un representante, pero aclaró que eso será decidido la semana próxima, después de una serie de consultas con el equipo de abogados que participa en su defensa.
