“Se presentó el recurso de revisión por conducto del Juzgado Decimotercero en Materia de Amparo en la Ciudad de México, que conoció de los juicios de amparo” promovidos por el encarcelado líder del cártel de Sinaloa, indicó el abogado José Refugio Rodríguez a Efe.
Explicó que el recurso tiene que presentarse por conducto del juez de distrito porque este se encarga de notificar o emplazar a las autoridades responsables, entre ellas al director del centro de reclusión en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde se encuentra el reo.
“Y una vez que las tenga emplazadas, remite todo lo actuado al tribunal colegiado en turno, y ya que este lo tiene por presentado, vamos a gestionar que la Suprema Corte ejerza facultad de atracción”, abundó.
El letrado indicó que en la demanda de amparo se solicitó al juez que hiciera un ejercicio de convencionalidad (verificación de la conformidad de las normas) entre una jurisprudencia mexicana con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que el juez de distrito se excusó de realizar ese ejercicio, esgrimiendo una jurisprudencia de la Suprema Corte “donde dice que ella es la mamá de los pollitos (la máxima autoridad) y que nada más ella puede hacer ejercicios de convencionalidad”.
“Entonces se nos quedó sin analizar un punto de inconformidad de Joaquín. El juicio de amparo tiene principios que deben respetarse, y uno de ellos es el de exhaustividad y congruencia, que obliga a los jueces de distrito a resolver todos los puntos de inconformidad que le plantee el quejoso”, expuso.
Añadió que “ante la imposibilidad del juez y como el colegiado está por debajo de la Suprema Corte, ¿quién debe pronunciarse sobre ese ejercicio convencional? Solamente (...) la Suprema Corte, y a lo mejor les toca a los 11 divinos (los magistrados del alto tribunal) ponerse a estudiar y resolver sobre ese punto”.
Por otro lado, argumentó que no existen garantías de las autoridades estadounidenses competentes de que a Guzmán no le aplicarán la pena de muerte en Texas “por un homicidio que no realizó”, lo que violaría el tratado bilateral de extradición.
Asimismo, dijo, los delitos que se le atribuyen en California ya prescribieron, de acuerdo con una reforma legal que redujo las penas de prisión y por tanto el tiempo de prescripción.
Otro argumento de la defensa es que “las pruebas no son suficientes a la luz de la legislación mexicana como para enjuiciar a Joaquín como si el delito hubiera ocurrido en México”.
Refirió que el juez de distrito alegó en su momento que aplicar ese criterio “sería tanto como invadir la soberanía de Estados Unidos”.
“Pero se le olvida que en virtud a la reforma (en materia de derechos humanos) de 2011, los requisitos del tratado son garantías del debido proceso de extradición, que están al nivel del artículo primero de la Constitución, y entonces se debe hacer un nuevo replanteamiento de esta materia”, sostuvo.
Enfatizó que México y EE.UU. firmaron un convenio en ejercicio de su poder soberano, y ambos hicieron concesiones recíprocas que deben cumplirse.
“Entonces estamos pidiendo ese estudio, que implica un nuevo paradigma en materia de derechos humanos. Por eso buscamos que la Suprema Corte se meta a estudiar esto”, acotó.
