Rousseff fue destituida por el Senado el miércoles por supuestas maniobras para maquillar las cuentas públicas, pero la Cámara Alta, en una votación diferenciada, decidió no inhabilitarla para ocupar cargos públicos por ocho años, al contrario de lo que ocurrió en 1992 con el expresidente Fernando Collor de Mello, destituido e inhabilitado.
La decisión de admitir dos votaciones -una sobre la destitución y otra sobre la inhabilitación- fue adoptada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, que moderó el proceso en el Senado, a petición del Partido de los Trabajadores (PT).
A pesar de la presencia de Lewandowski en la etapa final del juicio político, la defensa de la expresidenta ha recurrido precisamente al Supremo Tribunal Federal para pedir la nulidad de la destitución de Rousseff argumentando “gravísimas” irregularidades en el procedimiento.
El equipo de abogados de Rousseff, encabezado por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, planteó que Temer vuelva a su condición de presidente interino hasta que se celebre un nuevo juicio político en el Senado.
En respuesta, miembros de la formación de Temer, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y varios de sus aliados han anunciado que recurrirán también al Supremo pero para pedir la nulidad de la votación que permite a Rousseff mantener sus derechos políticos.
Una reacción que desde sectores del PMDB se intenta frenar no sólo porque varios de los senadores del partido votaron en contra de inhabilitar a Rousseff -entre ellos Renán Calheiros, el propio presidente del Senado-, sino porque las denuncias cruzadas podrían llevar al Tribunal Supremo a revisar todo el proceso aunque, según analistas locales, tendrían pocas posibilidades de prosperar.
Al menos cuatro de los once magistrados que integran el pleno del Tribunal Supremo habían adelantado ya esta semana que no tratarían el tema si llegara a esta instancia por considerar que es una cuestión que corresponde al poder legislativo.
Mientras la crisis política se judicializa, se multiplican en Brasil las hipótesis sobre la actuación del Senado y sus posibles consecuencias.
La clave está en la decisión de no inhabilitar a Rousseff, que podría beneficiar a aliados de Temer con procesos abiertos, como el expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, unos de los cerebros de la destitución de la expresidenta, ahora alejado de la primera línea política por acusaciones de corrupción.
El precedente de Rousseff podría repetirse en el caso de Cunha, que será juzgado por el la Cámara de Diputados en septiembre y que podría ser destituido pero mantener sus derechos políticos.
Los aliados de Cunha ya han adelantado que pedirán también votaciones por separado.
En el ojo del huracán, el titular del Senado, Calheiros, que apoyó la destitución de Rousseff pero defendió públicamente que no fuera inhabilitada.
Calheiros tuvo que salir hoy a rechazar las teorías sobre una supuesta “maniobra” para beneficiar a Cunha y a otros legisladores salpicados por escándalos de corrupción y defender la decisión del presidente del Tribunal Supremo de aprobar votaciones separadas sobre la destitución y la inhabilitación de Rousseff.
“Fue correcto y absolutamente defendible”, dijo, convencido de que la “judicialización” puede ayudar a despejar dudas sobre procedimientos similares: “Es el mejor momento para que podamos decidir sobre eso de una vez por todas”.
Mientras, Temer, que se ha estrenado como presidente de Brasil en la escena internacional en la Cumbre del G20 que se celebra en China, ha restado importancia a la polémica.
El presidente ha asegurado que, antes de viajar, conversó con sus aliados y “la cuestión está superada. No habrá la menor dificultad”.
Para Temer, se trata de “pequeñas cuestiones embarazosas” similares a otras que ha logrado resolver en sus 34 años de carrera política.
