29 mar. 2024

La crisis del Guairá no es admisible en un país serio

La interminable crisis política desatada en torno a la Gobernación del Guairá, con sus múltiples idas y vueltas en torno a la presunta renuncia (negada) del gobernador Rodolfo Friedmann y los sucesivos intentos por sacarlo del cargo, demuestra la gran vulnerabilidad que siguen teniendo las instituciones democráticas y jurídicas ante los intereses de los sectores políticos hegemónicos en nuestro país. Es inadmisible que una situación no pueda ser resuelta haciendo valer lo que establecen claramente la Constitución y las leyes, y que a cada tanto se repitan lamentables escenas que parecen sacadas de un culebrón tercermundista, perjudicando en gran medida la imagen del Paraguay.

Desde hace más de cinco meses los ciudadanos del Departamento del Guairá sufren una pintoresca y a la vez patética situación de inestabilidad política, desde que el 3 de marzo último trascendió una supuesta renuncia del gobernador Rodolfo Friedmann, mientras el mismo se encontraba de viaje de luna de miel, siendo aceptada la renuncia por la mayoría de los miembros de la Junta Municipal, que designaron en su reemplazo al concejal Óscar Chávez.

Tras enterarse, Friedmann había negado su renuncia y retornó al país a dar batalla jurídica y política. Desde entonces, se han sucedido una serie de resoluciones y contrarresoluciones jurídicas, tanto de la Justicia ordinaria como de la Justicia Electoral y más de tres personas han reclamado, en diversos momentos, el cargo de gobernador, creando situaciones que ya son tomadas en burla por gran parte de la población y por los medios de comunicación, como si fueran capítulos de un interminable culebrón tercermundista.

El último episodio ocurrió el pasado viernes 11, cuando una resolución del Tribunal Electoral de Villarrica se dio a conocer casi a medianoche, nuevamente en ausencia del gobernador, rechazando una demanda de nulidad interpuesta en marzo por Friedmann, dando pie a que los concejales del oficialismo –que ahora son opositores al sector político del gobernador– tomen por asalto la sede del gobierno departamental, con apoyo de escuadrones de policías y evidente respaldo del Gobierno central, designando nuevamente al concejal oficialista Óscar Chávez como supuesto nuevo gobernador.

Todo eso hizo que la puja política se instale otra vez en la capital del Guairá, hasta que Friedmann y sus partidarios recuperaron la sede gubernamental tras arremeter contra la policía y forzar el ingreso, rompiendo las rejas del vallado.

El conflicto sigue y resulta claro que la principal motivación –además de los intereses económicos que envuelven a la explotación ilegal de las minas de oro en la zona de Paso Yobai– tiene que ver con el control del gobierno departamental, de cara a las próximas elecciones internas del Partido Colorado.

Lo preocupante es que esta tragicómica pelea solo demuestra la gran vulnerabilidad que siguen teniendo las instituciones democráticas y jurídicas ante los intereses de los sectores políticos hegemónicos en nuestro país.

Es inadmisible que una situación no pueda ser resuelta haciendo valer lo que establecen claramente la Constitución y las leyes, y que a cada tanto se repitan lamentables escenas que parecen sacadas de un culebrón tercermundista, perjudicando en gran medida la imagen del Paraguay.