18 mar. 2024

La crisis campesina debe ser resuelta con política integral

La solución de la crisis campesina se encuentra a la espera de la ampliación presupuestaria que debe ser aprobada por el Parlamento. El jueves se aprobó en Senadores y la semana que viene se espera que sea aprobada en la Cámara de Diputados. A este ritmo será muy difícil cumplir la totalidad de los acuerdos este año. Las instituciones públicas directamente relacionadas con estos acuerdos deben empezar las tareas necesarias para viabilizar la recuperación de la agricultura familiar. El estancamiento de la reducción de la pobreza y la volatilidad de los precios de los alimentos en las ciudades exigen el esfuerzo de las autoridades y funcionarios públicos responsables de estas instituciones. La acción estatal, además, debe formar parte de una estrategia integral y de largo plazo.

Los plazos productivos agrícolas y las necesidades urgentes de las familias campesinas exigen el mayor esfuerzo posible de quienes están a cargo de la implementación de los programas que garantizarán el cumplimiento de los puntos acordados entre el Gobierno y las organizaciones campesinas.

La reactivación productiva no puede realizarse en cualquier momento, menos aún teniendo en cuenta los bajos niveles de tecnología que maneja la agricultura familiar. Una vez que el calor llegue y la época de lluvia pase, pretender aumentar la producción y la productividad es casi imposible; al contrario, además de fracasar el intento puede llegar a tener un alto costo, ya que se financiarán acciones que no tendrán resultados.

La implementación de las medidas acordadas no solo beneficiarán a los campesinos, sino también a las familias de las ciudades. La producción de alimentos beneficia a todos, por lo que el Gobierno debe poner voluntad y energía en garantizar un buen final para el conflicto.

El problema que enfrenta la agricultura familiar es de larga data. Las políticas públicas de mala calidad, la corrupción y el clientelismo impidieron generar las condiciones adecuadas para que este sector en lugar de reproducir pobreza contribuya a diversificar la economía, aumentar el PIB y sus propios ingresos.

A las deficiencias del Estado se agregan las inclemencias climáticas, que se vienen acentuando por el cambio climático. Así, a la falta de acceso al crédito, de asistencia técnica y de capacitación se suma la ausencia de mecanismos de mitigación de los efectos adversos de las lluvias, sequía, heladas o granizo. Bajo estas circunstancias perdemos todos. Los campesinos que no logran niveles de vida al menos similares de los del área urbana y los que habitan las ciudades que no cuentan con alimentos de calidad y precios accesibles de manera permanente.

Es de esperar que el MAG aproveche esta oportunidad para iniciar la implementación de una política integral para el sector y, que incluya todos los componentes que se requieran, con la secuencia necesaria y con calidad. No es posible continuar con intervenciones de emergencia cuando en realidad se sabe que los problemas que enfrenta la agricultura no solo son recurrentes, sino que además probablemente tenderán a empeorar si el mundo no logra reducir el impacto negativo del cambio climático.

Paraguay debe producir alimentos que garanticen su seguridad alimentaria. Hay cadenas productivas alimentarias con potencialidad para expandirse, generando efectos sinérgicos en la agricultura familiar y puede exportar alimentos para el consumo humano. Sin políticas públicas de calidad y que superen la visión cortoplacista y coyuntural no lo logrará. Ojalá esta crisis sea punto de partida para una transformación estructural.

Más contenido de esta sección
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.
La violencia contra las mujeres es una preocupante realidad en el Paraguay. En este Día de la Mujer Paraguaya debemos recordar los datos de las instituciones que señalan que, pese a las leyes, los casos de violencia en el hogar y los casos de feminicidio no disminuyen. Estamos lejos de ser una sociedad que respeta y valora las capacidades de las mujeres; prueba de ello es el aumento en el último año de la violencia política. Este es un indicador del largo camino que nos falta andar para ser una sociedad verdaderamente democrática.
Las reguladas del servicio del transporte público forman parte ya de la realidad cotidiana para los pobladores de la capital, su área metropolitana y el Departamento Central. El mal servicio, no obstante, afecta a todas las ciudades y localidades del Paraguay. Este, además de la salud pública, es el servicio más ineficiente que debe padecer la ciudadanía. Las humillaciones que a diario soportan los usuarios son inaceptables. Un transporte público seguro y cómodo es un derecho que tienen los paraguayos y significa calidad de vida.