El caso se basa en la intervención de ligadura de trompas de falopio que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin la aprobación firmada de la paciente, una mujer identificada solo como I.V.
Según la demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la esterilización habría constituido una violación a la integridad física, psicológica, a vivir libre de violencia, de discriminación, así como de acceso a la información y a la vida privada y familiar.
La mujer indicó hoy durante su declaración ante la CorteIDH que los médicos nunca le informaron que le iban a realizar esa intervención quirúrgica.
“Considero que me lo han hecho por ser peruana, pobre, de escasos recursos. Pero él (médico) no tiene porqué decidir sobre el cuerpo de una mujer, es una decisión muy personal”, explicó I.V, quien vive en Bolivia como refugiada.
I.V. añadió que busca justicia para que el caso no quede en la impunidad, ya que “arruinaron” su vida y su sueño de tener un hijo hombre.
“Han pisoteado mi forma de ser mujer, de madre, de humana. Es monstruoso que en sociedades machistas se generen este tipo de casos”, dijo I.V., quien tiene tres hijas.
El médico ginecólogo Edgar Torrico, cirujano encargado de la intervención quirúrgica, manifestó ante los jueces que I.V. ingresó al hospital porque necesitaba de manera urgente una cesárea.
El médico explicó que I.V. había tenido un parto natural, dos cesáreas y un aborto, y que cada una de las cesáreas había desgastado el útero y creado múltiples adherencias abdominales (tejido cicatrizado) que en un futuro embarazo podría ser peligroso para la vida de la mujer.
Ante esto, la recomendación médica a I.V, fue una ligadura de trompas.
“Yo le expliqué la situación y ella me dijo: ‘sí doctor, lígueme’”, aseguró Torrico.
“También mandé a un colaborador a que buscara al esposo para comentarle la situación, pero no fue encontrado en el hospital”, declaró el médico.
El procurador general del Estado de Bolivia, Héctor Enrique Arce, afirmó a Efe que está “sorprendido” de que la Comisión haya llegado a conclusiones en su informe “que no han podido ser sostenidas en la audiencia, en materia de discriminación o alguna xenofobia”.
“Este es un caso muy claro de un médico de mi país cumpliendo, con su juramento, su función y el elemento más importante de defensa de la vida y de la salud. Ha actuado según la norma vigente de ese momento, y por lo tanto no se ha generado ninguna irresponsabilidad ni del médico y por lo tanto ninguna de Bolivia”, dijo Arce.
Arce añadió que no existe “discriminación, xenofobia o racismo ni ninguna actitud que se haya tomado en función de la nacionalidad” de la supuesta víctima.
“La señora es refugiada, ha recibido salud, educación, sus hijos viven y ella vive en Bolivia, y seguirá viviendo hasta que lo desee. Ella tiene una carrera de parte de una universidad pública, recibió todos los beneficios y el trato del Estado de Bolivia como a cualquiera de sus nacionales”, expresó Arce.
Tras la audiencia que se celebra hoy las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados.
