Durante una audiencia en Ciudad de Guatemala, donde la Corte celebra un periodo de sesiones extraordinarias, los representantes de Colombia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron a los siete jueces su solicitud de opinión consultiva.
La misma fue entregada el 14 de marzo de 2016 y en ella se pide que la CorteIDH interprete las obligaciones del Estado derivadas de tres artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos (respeto a los derechos, derecho a la vida y derecho a la integridad personal) frente al impacto de grandes proyectos en el medioambiente marino, especialmente en la región del Gran Caribe.
Algunos de los jueces, como el chileno Eduardo Vio Grossi, manifestó en varias ocasiones durante la audiencia si este es un deber de la Corte, cuyo fundamento es velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Los miembros de la Comisión y también los representantes de Colombia reiteraron que el impacto del cambio climático tiene incidencia en los derechos inherentes del ser humano y que, por ende, es conveniente una posición de la Corte.
Varios expertos, como la representante de la Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, Sílvia Maria da Silveira Loureiro, y la representante del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, María de los Ángeles Cruz Rosel, señalaron que es importante que los Estados evalúen el impacto ambiental y lo eviten.
También se pronunciaron en este sentido la representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Astrid Puentes Riaño, o el representante de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT (Colombia), José Alberto Toro Valencia, quienes insistieron en la necesidad de velar por los derechos humanos y el desarrollo.
Toro dijo que esta situación obliga además a vincular el impacto ambiental negativo con los individuos cuando este es trasnacional, por lo que sería necesario articularlo, ya que puede deberse a varios Estados y no solo a uno, e insistió en que la Corte es competente para conocer este proceso porque el derecho a un ambiente sano es vital para el ser humano.
Otro experto, Alfredo Ortega Franco, puso como ejemplo en su exposición el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, la mayor intervención en la naturaleza de toda la historia que no fue consultada ni a otros Estados, a los que afectará, ni a los pueblos indígenas.
Según contó, el estudio de impacto ambiental, de 11.000 páginas y publicado 2 años después de la aprobación del proyecto, solo dedica una hoja al daño trasnacional y solo menciona a Costa Rica, cuando el proyecto afecta a todos los Estados del Mar Caribe, es decir, a 116 millones de personas.
El proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación y la construcción de la esclusa oeste, cuya fecha no ha sido anunciada.
El coste del proyecto está calculado en unos 50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group, a la cual se le ha dado la concesión por 50 años, renovable por otro lapso igual, y el país espera que la construcción de esta obra cree unos 50.000 empleos y duplique el producto interior bruto (PIB) nacional.
El presidente de la CorteIDH, el brasileño Roberto F. Caldas, estableció un plazo de 21 días desde este jueves para que las partes, de forma no repetitiva, presenten un escrito de respuesta a varios interrogantes planteados por los jueces durante la audiencia de consulta.
