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Política
lunes 3 de abril de 2017, 01:00

“La Corte Suprema tiene un papel inexcusable en estos momentos”

La Sala Constitucional de la máxima instancia judicial ya debió integrarse y expedirse con urgencia sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por 14 senadores, ante el atropello a la legalidad e institucionalidad, dice el abogado.

Susana Oviedo

soviedo@uhora.com.py

"Ha ocurrido un atropello a la legalidad y a la institucionalidad, nada menos que en la Cámara Alta del principal órgano de representación popular", expresó el miércoles pasado un comunicado del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional (IPDC), bajo las firmas de los abogados Jorge Seall Sasiain y Gustavo Bécker, como presidente y vicepresidente respectivamente. En busca de un análisis de los hechos que empezaron a ejecutarse a partir del martes 28 para aprobar la enmienda constitucional e introducir la reelección presidencial que la Constitución no contempla, recurrimos al doctor Bécker con varias de las preguntas que hoy se hallan en el agitado ambiente político nacional.

–¿Qué opina del empeño del cartismo y sus aliados del Frente Guasu, oviedismo y llanismo, de aprobar a como dé lugar la reelección vía enmienda, así sea desconociendo lo que manda la Constitución?

–Considero que es una pretensión, a estas alturas, muy osada, temeraria y peligrosa. Ni la verdad ni la razón se tienen por mayoría. Puede estar el mundo entero equivocado y uno solo esgrimir la razón y la verdad. No olvidemos a un tal Galileo Galilei.

–¿Qué opinión le merece la reacción que provocó el viernes la prosecución del plan encabezado por los 25 senadores que, de nuevo, autocalificaron de sesión a una reunión dentro de la bancada del Frente Guasu y allí aprobaron el proyecto de enmienda constitucional para luego remitir el documento al Diputados?

–Fue un nuevo atropello. Un nuevo pico en la escalada a la que hacíamos mención en el pronunciamiento del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional del miércoles último. Por eso convocábamos a todos los actores de estos acontecimientos a retomar el camino del diálogo y la negociación para alcanzar consensos. Y también instábamos con vehemencia a todos quienes tienen responsabilidades en este sentido: A no desentenderse de sus indeclinables obligaciones y deberes constitucionales y legales.

–El presidente de la República y el Partido Colorado responsabilizan a los medios de comunicación y a ciertos políticos de la oposición de azuzar a los ciudadanos que terminaron prendiendo fuego al Congreso y tomaron el microcentro capitalino.

–Quisiera poder creer que esto se debe solamente a una terrible y peligrosamente errada lectura de la realidad, lo cual ya sería grave. Pero me temo que no es el caso. Y que una vez más se busque desentenderse del problema con la supuesta "salida fácil": Echándole la culpa a otros, sin asumir ni un mínimo de responsabilidad propia. Me duele y me indigna la violencia.

Ninguna violencia está justificada, y menos cuando cobra vidas humanas. Pero la dirigencia de este país debe empezar a entender, de una vez por todas, que sus ambiciones y beneficios personales y grupales no pueden ni deben anteponerse nunca al interés general, al bien común, a la patria.

En algún momento se extiende el sentimiento de hartazgo por tantos desmanejos, y alguien ya no aceptará más provocaciones al más elemental sentido del derecho y la justicia. Entonces habrá una reacción. Producido un estallido, es imposible predecir cuándo y cómo terminará. Ni qué costo tendrá en términos de sangre y de bienes. Pero todos perdemos, jamás hay ganadores

–¿Le sorprende que el presidente de la República no haya asumido la responsabilidad de lo ocurrido y se mantenga decidido, pese a la reacción ciudadana, a lograr la reelección?

–Creo que ya no hay lugar para la sorpresa. Yo no sé quiénes asesoran jurídica y políticamente al presidente Cartes. Pero parecieran ser sus peores enemigos y, evidentemente, no le están haciendo ningún favor. Y mucho menos para beneficio del país. Ahora bien, uno tampoco puede eludir sus responsabilidades como jefe de Estado tomando decisiones con el argumento de que sus asesores se lo dijeron. Los asesores, asesoran. Las decisiones las toma el jefe de Estado, quien es el primero y principal responsable de estas, y de sus consecuencias.

–Los senadores que no están con la enmienda recurrieron a la Sala Constitucional de la Corte con una acción de inconstitucionalidad para que se declare nula la reunión autoproclamada sesión por el grupo de 25 legisladores. ¿Qué esperar de una justicia que no goza de credibilidad?

–Me gustaría poder decir otra cosa, pero nos guste o no, la última palabra la tiene la Justicia. Yo descreo también profundamente de ella y de sus agentes, al menos de una inmensa mayoría de ellos, ya que sería injusto meter a todos en la misma bolsa. Hay magistrados decentes, competentes y trabajadores. Pero en estos momentos la palabra final la tiene la Corte. Espero que no sigan mirando la luna mientras se hace tabla rasa del Estado de Derecho en el país.

–¿Cómo se sale de esta situación?

–Haciendo que cada quien cumpla el rol que le corresponde en nuestro ordenamiento jurídico e institucional. La Corte Suprema de Justicia tiene un rol inexcusable en una cuestión así. Más allá de cuál sea la decisión que finalmente tome, lo que no puede demorarse más es que la tome.

No puedo creer que no se hayan percatado de la gravedad del caso y respondido inmediatamente a lo planteado, por razón de urgencia y de importancia. Se inhiba quien se inhiba o se recuse a quien se recuse por los motivos que fueren, debió haberse integrado inmediatamente con quienes siguen en la precedencia legal. Y reunirse de inmediato también, en plazos perentorios, de una o dos horas, a la noche o madrugada de hacer falta, como ocurre en casos de emergencia en cualquier país civilizado, para dar una respuesta cuanto menos en términos de medidas cautelares. Esta responsabilidad no la puede eludir la Corte.

–¿Cómo queda la imagen del país con las actuaciones de atropello a las leyes impulsadas desde el propio Ejecutivo?

–No puede menos que afectarnos en la imagen, muy seriamente. No sé si los altos oficiales del Gobierno están en condiciones de evaluar realmente el impacto que a nivel global tienen las noticias que han circulado y circulan sobre los hechos en Paraguay.

No en todas partes del mundo se prende fuego a la sede de un Congreso, mientras los principales responsables o no aparecen o están inaugurando alguna obra a poca distancia. Además, esto le resta mucha autoridad moral a nuestro país para calificar y denunciar, por ejemplo, el caso de la situación de los derechos humanos y del estado de derecho en Venezuela.