La acción fue planteada por Verónica Antúnez de Alviso y Elisa Gregoria Antúnez de Hidalgo, contra la Ley 5426 del 30 de abril del 2015, que derogó la normativa que lo reconoció como Instituto de Educación Superior.
En forma unánime, los ministros Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes y Miryam Peña, rechazaron la acción planteada.
Alegan que las accionantes se presentaron por derecho propio para atacar la ley como directoras y propietarias del Instituto Santa Librada.
No obstante, señalan que según los estatutos de la institución, la representación legal la ejerce el rector designado por el Consejo Superior, y no las accionantes.
Además, no se probó el perjuicio concreto en contra de las accionantes. Dicen que no se cumplieron con los requisitos formales para plantear la acción.
Con ello, los ministros rechazaron la acción de inconstitucionalidad planteada por las mismas.
La citada legislación derogó la ley que había reconocido al Instituto Santa Librada.
