Entre las muchas vueltas que se le vienen dando en los ámbitos político y jurídico a la pretensión de que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, pueda ser reelecto en el cargo, a pesar de la expresa prohibición contemplada en la Constitución Nacional, surge ahora una nueva versión, difundida por la ex presidenta del Partido Colorado, la senadora Lilian Samaniego.
La estrategia revelada por la legisladora oficialista, luego de una reunión con el mandatario en Mburuvicha Róga, es que si la Corte Suprema de Justicia termina habilitando al ex presidente Fernando Lugo –quien también busca su reelección con el argumento de que no se le permitió terminar su mandato en el anterior periodo presidencial, tras haber sido destituido por un juicio político abreviado en junio de 2012–, el actual jefe de Estado renunciaría a su cargo seis meses antes de concluir su periodo de gobierno y de ese modo podría presentarse nuevamente en busca de su reelección.
Aunque la mayoría de los expertos constitucionalistas sostienen que la Carta Magna es muy clara en su artículo 229, al disponer que el presidente y el vicepresidente “no podrán ser reelectos en ningún caso”, son varios los intentos que se están haciendo, en forma separada, desde el oficialismo colorado y desde el izquierdista Frente Guasu, por lograr la reelección de Horacio Cartes y de Fernando Lugo.
La tesis del equipo jurídico de Lugo –planteada el lunes último durante una presentación ante la Justicia Electoral, en respuesta a una demanda presentada por el Partido Colorado acusando al ex mandatario de hacer propaganda política “engañosa” y violar la Ley Electoral– es que la Corte Suprema de Justicia debe interpretar lo dispuesto en la Constitución y definir si Lugo puede ser o no candidato a presidente para el 2018.
Sobre esta misma tesis, ahora el oficialismo colorado, a través de la senadora Lilian Samaniego, anuncia que si la Corte Suprema habilita a Lugo como candidato, el mismo dictamen beneficiaría al actual mandatario, quien en este caso está dispuesto a renunciar a su cargo seis meses antes de concluir su periodo presidencial, para presentarse de nuevo como candidato a las elecciones.
Aunque varios constitucionalistas aseguran que estas tesis no son viables, muchas voces temen que desde la Corte Suprema se haga primar de nuevo lo político sobre lo jurídico, y se acabe concediendo un dictamen favorable a la reelección, lo que significaría violar la Constitución, tal como lo ha advertido el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Roble, durante las celebraciones de la Virgen de Caacupé.
Los ministros de la Corte deben ser muy conscientes y no caer en este perverso juego político, que dañaría gravemente al sistema democrático.
