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Editorial
viernes 14 de octubre de 2016, 02:00

La Corte debe sancionar las chicanas de los políticos

Lejos de ser ejemplos de ciudadanos que actúan de buena fe, los políticos procesados por la Justicia son los primeros en recurrir a maniobras para dilatar sus causas y así llegar a una extinción o prescripción. El caso más emblemático es el del senador colorado Víctor Bogado, acusado de haber mentido y utilizado sus influencias para que Gabriela Quintana, la supuesta niñera de oro, obtenga un doble salario del Estado. No es el único congresista que utiliza su poder político para escapar de la Justicia. Los ministros de la Corte no tienen la voluntad política para castigar las chicanas de los poderosos. De esta manera, la máxima instancia judicial se convierte en una cómplice tácita de la impunidad de la clase política.

Mediante los engaños del senador Víctor Bogado, según la Fiscalía, Gabriela Quintana cobraba sueldos en dos instituciones. La acusación es por cobro indebido de honorarios y estafa. Desde que empezó la causa, Bogado asegura que todo se trató de un "error administrativo" y que fácilmente demostrará su inocencia. Hace años dice ser el más interesado en que la Justicia aclare su situación, pero paralelamente su defensa plantea incidentes tras incidentes para retardar más y más la definición de su caso. El tiempo evidenció el doble discurso del senador.

A casi tres años de la imputación, el Poder Judicial aún no pudo realizar la audiencia preliminar. Se trata de un momento clave, en el cual un juez debe definir si el caso va o no a juicio oral y público. Hasta ahora, las chicanas de la defensa impidieron que se discuta el fondo de la cuestión: si es verdad que Bogado incurrió en delitos, como lo sostiene la Fiscalía.

Días atrás, la defensa planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución de segunda instancia que confirmó al juez Óscar Delgado. A partir de este fallo, el magistrado ya debía convocar a las partes para nuevamente intentar realizar la preliminar, pero la maniobra de Bogado volvió a trabar todo. La audiencia ya se paralizó varias veces por distintos motivos, entre ellos recursos planteados por los defensores, cambio de abogados y hasta un reposo médico por "lesión lumbar".

Víctor Bogado no es el único congresista que utiliza su poder político para escapar de la Justicia. La lista es larga y, por la frecuencia en que se dieron las imputaciones, seguirá extendiéndose. El senador liberal Enzo Cardozo enfrenta dos procesos por corrupción desde hace casi tres años y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar para el legislador en los procesos. El diputado colorado José María Ibáñez, acusado de pagar con dinero del Estado a empleados de su quinta privada en Areguá, también esquiva a la Justicia hace años, al igual que su colega, también de la ANR, Óscar Núñez, este último procesado por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes.

La Corte Suprema de Justicia tiene todas las herramientas legales para sancionar a los abogados por el uso abusivo del derecho con el mero fin de ralentizar los procesos. Los jueces poseen las facultades para ejercer el poder de disciplina dentro de las causas. Con tantos políticos dilatando sus casos desde hace años, resulta evidente que los ministros de la Corte no tienen la voluntad política para castigar las chicanas de los poderosos. La máxima instancia judicial se convierte en cómplice tácita de la impunidad de la clase política. Está en los intereses de la Justicia y del sistema democrático revertir esto para que la ley realmente sea igual para todos los paraguayos, más allá de los cargos y el respaldo político.