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Política
martes 26 de julio de 2016, 01:00

La Corte da vía libre a acción de jubilados del Congreso

La Sala Constitucional de la Corte, con los votos favorables de Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, hizo lugar a la acción de un grupo de 13 ex funcionarios del Congreso contra su jubilación.

A pedido del Ministerio de Hacienda se había remitido la lista del personal que cumplía los requisitos para la jubilación. Sin embargo, varios de ellos ya habían promovido una medida judicial.

Apenas tuvieron conocimiento sobre el resultado favorable a sus pretensiones, ayer, volvieron a aparecer en los pasillos del Senado.

Entre los que fueron beneficiados con esta resolución figuran Víctor Nicolás Pérez Noguera, Santiago Carmelo Caballero Britos, María Cristina Ashwell Fernández, Ramón Agustín Leguizamón Enciso, Andrés Pessoa Ferreira y Antonio Torres Caballero.

También están en la nómina Roberto Orihuela Licera, Percio Segundo Villalba Álvarez, Justo Pastor Rivas Martínez, Francisco Vicente Capdevilla León, Blanca Florentín de Belotto, Romelio Ananías Amarilla Ortiz y Rafael Cabrera Montiel. (ver infografía)

argumentos. Solo el voto del ministro Antonio Fretes fue en contra. En el caso de Bareiro de Módica, la misma refiere que “la edad es una variable que normalmente como dato de la demografía de un país fluctúa conforme a la esperanza de vida”.

Hace una comparación con la situación de policías, militares y magistrados en general. “Inclusive los funcionarios de las Fuerzas Armadas y policiales, magistrados en general, recién a la edad de 75 años son pasibles de una jubilación obligatoria, situación que confirma la desigualdad existente”, concluyó.

Peña alegó un régimen desigual entre los funcionarios del sector público y privado. “Este régimen desigual (...) podría llegar al extremo de ocasionar un grave daño al funcionario público que no haya cumplido con la cantidad de aportes necesarios para obtener a cambio una remuneración que le permita mantener una vida respetable”, dijo en su fundamentación.

“Además, esta Sala Constitucional ha sostenido, en reiterados fallos uniformes, que una persona jubilada –mayor de 65 años de edad– puede volver a ingresar en la función pública”, citó como precedente, e invocó la estabilidad.

Apresurado. El presidente interino del Congreso, Eduardo Petta, consideró una medida apresurada y que discrepa con la misma porque inclusive contiene cuestiones erróneas. “Básicamente nos deja sin edad para la jubilación del funcionario y nos crea una disyuntiva”, indicó. Mencionó que se comunicará al Ministerio de Hacienda para que disponga si proveerá los rubros para la reincorporación de los funcionarios o si promoverá acciones judiciales.