En el primer caso, el acusado Luis Óscar Manuel Arrizala, quien tiene cinco condenas por coacción sexual y violación, logró suspender hasta setiembre su juicio oral porque su abogado Pedro Alcaraz no asistió a la audiencia. El caso pasó para setiembre.
Con ello, ante la publicación del caso, la Corte dispuso que por imperio del artículo 4 de la Ley 609/95, que organiza el Máximo Tribunal, se remitan los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para verificación, y también un informe.
OTRO CASO. Además, con respecto a los incidentes de nulidad y los recursos de reposición que fueron presentados por las defensas de seis de los ocho presuntos torturadores stronistas, la Corte también dispuso lo mismo.
Es decir, ante la publicación de los incidentes dilatorios de los imputados Eusebio Torres, Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Vouga, Fortunato Laspina, Nicolás Lucilo Benítez y Manuel Crescencio Alcaraz, se dispuso la auditoría de gestión jurisdiccional de la causa.
Esto, a los efectos de que eleven un informe con respecto a los incidentes que trabaron el proceso.
Justamente ayer se realizaron las audiencias con relación al caso de los seis accionantes ante el Juzgado de Garantías a cargo del magistrado Paublino Escobar.
Diputado. Finalmente, el diputado suplente Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, denunció que no le dejaron firmar el libro de comparecencia, por lo que incluso trajo un escribano ante el Juzgado de Ejecución a cargo de Yolanda Morel.
Tras la publicación en la prensa de las presuntas irregularidades, la Corte dispuso la remisión de los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión para que realice la verificación y eleve un informe al respecto.
