La autorización de la Corte Suprema para abrir 76 investigaciones contra casi un centenar de políticos aforados ha sacudido al sistema político brasileño y ha puesto en duda la pronta aprobación que exigía el sector privado para las reformas en trámite tanto del sistema de pensiones y jubilaciones, como la laboral.
Sin embargo, a pesar de la divulgación, el mercado ha reaccionado con cautela a la nueva crisis política y la bolsa de Sao Paulo operó normalmente el miércoles, cuando retrocedió un 0,73 % y este jueves, en la que perdía un moderado 0,28 % en sus primeras operaciones del día.
“La lista (de implicados) aumenta las dudas en la economía, lanza dudas sobre la capacidad del Congreso para adoptar medidas que afectan directamente el desempeño económico”, explica a Efe Mauro Rochlin, economista y profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) en referencia a esos dos proyectos.
Las consecuencias políticas que ha traído esta nueva “turbulencia política” se notaron la misma noche del martes, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, uno de los implicados en la trama corrupta destapada en Petrobras, suspendió la votación del proyecto sobre la renegociación de las deudas de los estados.
“Esa divulgación de la lista, al paralizar el Congreso y al dificultar en cierto sentido la aprobación de esas reformas puede perjudicar a la economía en el corto plazo”, puntualiza Rochlin.
No obstante, el propio Maia salió a la palestra a los pocos minutos de suspender la sesión para decir que no cree que el escándalo vaya a “dificultar” votaciones futuras.
“Ahora, la Justicia y la Fiscalía comienzan a cumplir su papel y el Congreso precisa cumplir el suyo, legislar”, comentó el diputado casi con las mismas palabras que utilizó Temer para referirse al asunto.
La reforma laboral planteada por el Gobierno “puede ayudar a reducir el costo de las empresas”, sostiene Rochlin, mientras que la del sistema de pensiones propone los 65 años como edad mínima, tanto para hombres como para mujeres, para acceder a los beneficios de la jubilación, además de imponer la obligatoriedad de cotizar al menos 25 años.
Para el profesor, la aprobación de esas dos medidas “ahuyentaría fantasmas” y mostraría al sector privado que “el Gobierno es capaz de hacer el ajuste fiscal necesario” para superar la profunda crisis en la economía del país, que en los dos últimos años se desplomó más de un siete por ciento.
En opinión del especialista económico Nelson Marconi, también de la FGV, “el Gobierno va a intentar junto con el Congreso aprobar las reformas lo más rápido posible” para seguir manteniendo el crédito del mercado financiero y del sector privado, sus dos principales avalistas.
Una de esas polémicas medidas, aplaudidas todas ellas por las patronales y criticadas por los sindicatos, ya fue aprobada por el Congreso, la que permite a las compañías externalizar su mano de obra, es decir, contratar a terceras empresas para realizar determinadas tareas.
Pese a que se produzca una mayor presión sobre el Congreso para aprobar las reformas, Marconi no ve su trámite en serio peligro, aunque las consecuencias del escándalo sí podrían notarse a largo plazo.
“Para el año que viene vamos a tener un escenario muy inestable, no tengo dudas de eso”, afirma.
Desde su punto de vista, el “incierto” escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018 “aumentará la tensión económica” y provocará una mayor “presión en el mercado de cambio”.
Rochlin, sin embargo, espera que, en el futuro, las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Federal ayuden a crear en Brasil “un ambiente para los negocios muy diferente donde la corrupción no tiene lugar y lo que vale es la eficiencia”, sin “favores políticos o el pago de sobornos a autoridades”.
En paralelo, la bolsa de Sao Paulo parece haber absorbido el terremoto político, el cual no ha tenido “un impacto como para generar pánico”, sostiene a Efe el corredor Raphael Figueredo, de la empresa Clear.
“El mercado ya tenía conocimiento. Esa lista ya fue filtrada (anteriormente) y solo se oficializó”, añade.
Los inversores respiran, sabedores de que la agenda de Temer aún habla “la lengua del mercado”, como expresó el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, en una de sus primeras declaraciones públicas hace ya casi un año.
A Padilha, mano derecha de Temer en el Gabinete, se le acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero por medio de la recepción y negociación de sobornos para él y su partido.
Carlos Meneses Sánchez
