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domingo 27 de noviembre de 2016, 01:00

La corrupción en las políticas agropecuarias requiere sanción

La corrupción con fondos públicos tiene consecuencias nefastas para la economía y la sociedad. El caso de esta semana relacionado con la política agropecuaria es una muestra del profundo deterioro en el que se encuentran muchas instituciones del sector público y en este caso particular, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El sector público debe ser garante de los recursos del Estado, pero no solo no los cuida de los intereses particulares, sino que además distorsiona una política fundamental para los campesinos que producen y la ciudadanía que demanda alimentos. El Gobierno debe dar señales claras penalizando a los responsables públicos y privados con todos los mecanismos posibles a su disposición y enviar el caso al Poder Judicial. Las señales claras son el primer paso para la confianza ciudadana y la prevención de la corrupción.

El impulso a la agricultura familiar debe ser una prioridad para el Estado.

La producción de alimentos y su comercialización con precios justos generan ingresos para la población campesina y con ello contribuyen a la reducción de pobreza. La población urbana, por otro lado, se beneficia con alimentos sanos y precios adecuados.

Una comunidad dinámica en términos de producción genera sinergias ya que impulsa el desarrollo local y, con ello, el bienestar colectivo de la población que la habita.

Desde cualquier perspectiva, el apoyo a la producción de alimentos por parte de las familias campesinas genera resultados positivos. Por eso se debe contar con una política integral que incluya asistencia técnica, inclusión financiera y acceso a mercados.

Es impensable que nuestro país pueda crecer sostenidamente, reducir desigualdades y proyectarse hacia el desarrollo sin tener en cuenta que hay vínculos entre lo que pasa en el campo y la calidad de vida de la población. La reducción de la pobreza se estancará si no hay ingresos en el sector rural y si suben los precios de los alimentos.

En la certeza de la relevancia de esta política, los recursos destinados a la misma han ido aumentando desde varios años atrás.

Sin embargo, en los últimos años se han intercalado periodos de fuertes aumentos de precios de alimentos debido a la escasez y drásticas reducciones de precios debido al contrabando o a la excesiva oferta de productos importados.

Esta situación se deriva de la ineficacia de las intervenciones públicas y, por lo que se vio esta semana, también por la corrupción en las contrataciones públicas realizadas por el Ministerio de Agricultura.

La corrupción, en este caso, no solo tiene como consecuencia la transferencia ilegal de recursos públicos hacia el sector privado. La gravedad radica en los efectos que tienen estos casos en la destrucción de oportunidades para que las familias campesinas se alejen de la pobreza a través de un trabajo digno y que las familias urbanas accedan a alimentos sanos y precios adecuados.

Adicionalmente, la señal de impunidad que se generó al no penalizar fuertemente a la empresa da pie a que la corrupción continúe. Esta situación se dio por supuestos vínculos entre autoridades ministeriales y dirigentes políticos.

Si el Poder Ejecutivo no toma cartas en el asunto y castiga ejemplarmente a los funcionarios públicos y a la empresa involucrada dejará demostrada la ausencia de compromiso real con el desarrollo del país, a pesar de los discursos a favor del combate a la pobreza y en contra de la corrupción. Las señales claras son el primer paso para la confianza ciudadana y la prevención de la corrupción.