Creo que es al dos veces presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, a quien se atribuye aquella frase de que “el hombre es bueno por naturaleza, pero es más bueno todavía cuando se lo vigila”.
La cita viene a cuento, por una parte, de los innumerables casos de corrupción que están conociendo la luz pública merced a la benéfica acción de los medios de comunicación: Contraloría, UNA, Tribunal Electoral, municipalidades de Limpio y Lambaré, por no citar sino las instituciones que mejor ejemplifican el desmadre administrativo que atraviesa la República.
Pero también, y sobre todo, a la indignación que se apodera de la ciudadanía frente a la corrupción que campea en las entidades públicas, donde se utiliza el dinero de los contribuyentes para fines reprochables, como la promoción de amantes y amigovias a cargos de privilegio, remunerados con montos siderales.
El malestar ciudadano se expresa de las formas más diversas: desde una embravecida manifestación estudiantil para exigir transparencia a las autoridades universitarias, hasta el simple ciudadano que monta guardia en el estacionamiento de un supermercado para encarar a la directora de un centro cultural por el uso de un vehículo oficial con supuestos fines particulares.
Margarita Morselli, la directora de El Cabildo, es, a mi modo de ver, una mujer trabajadora e interesada en la indispensable difusión de la cultura; pero su cara de sorpresa –escobillón en mano– frente al ignoto ciudadano que la interpela, cámara en mano, es la imagen perfecta del progresivo nivel de deterioro de la abusada paciencia pública y del nuevo nivel de “control” al que los servidores del Estado son sometidos por la gente.
Más allá del grado de responsabilidad que se tenga o no en la comisión de hechos de venalidad, es saludable que aquellas personas que reciben remuneración pública estén al tanto de los elevados índices de crispación que cunden entre los contribuyentes por el uso abusivo de los recursos que aportan al fisco. Y esto sirve para todos: desde el presidente de la República hasta el último chofer de la más remota repartición gubernamental.
En un país con instituciones de control tan endebles como el nuestro, no deberá sorprender que muchos se crean habilitados a increpar a los funcionarios a los que se encuentra en posición de sospecha. Ojalá que cunda la alarma. El caso de Margarita y su escobillón debería servir de lección al resto de quienes perciben remuneraciones con dinero de los contribuyentes. Deben interpretar el hastío de la gente y el legítimo reclamo de austeridad planteado a sus autoridades.