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Política
domingo 24 de julio de 2016, 01:00

La Contraloría y Fiscalía dilatan la investigación de alquileres del MDP

Los alquileres adjudicados a funcionarios públicos y particulares por montos varias veces millonarios por parte de la administración de Noyme Yore, titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), no han tenido el suficiente seguimiento por parte de los organismos de control, como la Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, instituciones que deberían investigar sospechas de irregularidad en el manejo de la cosa pública. La repercusión ciudadana tras la serie de publicaciones fue de un rotundo rechazo a la falta de transparencia y arbitrariedad en el manejo del erario público.

Si bien la Dirección de Control de la CGR abrió una auditoría en el tema de los alquileres publicados por Última Hora, los resultados se conocerían recién la próxima semana.

Entre tanto la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, a cargo del fiscal Federico Espinoza, informó que recién tras la culminación de la auditoría de la CGR y conocido el dictamen de esta sobre el caso MDP, estaría dispuesta a intervenir si es que se encuentran indicios o elementos para investigar.

Sobre algunos de los locales alquilados, en particular en los que se beneficiaron funcionarios, solamente la Secretaría de la Función Pública, a cargo del ministro Humberto Peralta, se comprometió a pedir informes al MDP y a las instituciones donde prestan servicio los funcionarios que están inhabilitados para ser proveedores del Estado, conforme a la Ley 1626 de la Función Pública y la resolución de Contrataciones Públicas, 849/15.

Casos. El diario Última Hora verificó in situ y contractualmente la situación de seis alquileres, cuya suma total asciende a G. 1.400 millones.

En Lambaré se adjudicó a dos hermanas, en distintos momentos del contrato, que eran funcionarias públicas. Primeramente, se benefició con un contrato a María Amarilla y luego a Mercedes Amarilla de Taniguchi. Ambos ascienden a G. 694.000.000 por alquiler de una propiedad. En la ciudad de Caazapá, el dueño del alquiler es Federico Vera, docente de la Universidad Nacional de Villarrica (UNVES) e igualmente de la UNA. Su contrato asciende a G. 240.000.000. Otro local alquilado en Caacupé benefició al propio sobrino del ex titular de la ANDE y actual director del MDP, Germán Fatecha. El beneficiario fue Gustavo Fatecha, por valor de G. 280.000.000. El tío aseguró que no movió un dedo para que se beneficie a su sobrino.

El local de Fuerte Olimpo tiene como dueño a un funcionario judicial, Alexander Gallagher. El total del contrato se firmó por G. 30.545.000. Por último, en la ciudad de Villa Hayes, la sede del MDP pertenece a la presidenta de la Junta Municipal local, la concejala colorada Belinda Gómez Cattebeke, hija del polémico Octavio Gómez, quien logró un contrato de G. 90.000.000.