La manifestación de la comunidad TLGB realizada la noche de este sábado en El Prado contó con la participación activa del alcalde La Paz, Luis Revilla; del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, y del Defensor del Pueblo, David Tezanos.
La presidenta del colectivo, Laura Álvarez, destacó, en declaraciones a Efe, que la ley de Identidad de Género promulgada en mayo fue una apertura significativa del Estado, pero ahora la comunidad espera que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de ley para permitir las uniones en familia de personas del mismo sexo.
La ley de Identidad de Género permite a las personas transexuales y transgénero cambiar de nombre, género y de imagen en todos los documentos de identificación legal.
La activista dijo que tras esa reforma en Bolivia ahora los legisladores deben tratar un proyecto de norma denominado “Acuerdo de Vida en Familia”, que es una alternativa al matrimonio civil.
La comunidad planteó el reconocimiento legal de la “vida en familia” en parejas homosexuales en lugar de los matrimonios ya que la Constitución boliviana, promulgada en 2009, solo reconoce el casamiento de personas de diferente sexo.
El alcalde Revilla destacó el apoyo de la población que aplaudió el paso de la movilización y enfatizó que La Paz siempre será una ciudad que defienda los derechos de sus habitantes, sin discriminaciones de ningún tipo.
La Paz es el único municipio de Bolivia y el segundo en Suramérica, después de Bogotá, en tener un Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales, que permite a las autoridades municipales trabajar de forma directa con las comunidad TLGB, destacó la presidenta de esa instancia, Pamela Valenzuela.
Las autoridades brindaron el apoyo al colectivo en La Paz después de que en junio se celebrara en la ciudad de Santa Cruz (este), la más poblada del país, una marcha ciudadana impulsada por las iglesias Católica y Evangélica para reivindicar “la familia natural” y protestar contra la ley de Identidad de Género.
El Defensor del Pueblo pidió en ese momento a la población no caer en “interpretaciones dogmáticas que fomentan la discriminación, el rechazo y el odio entre seres humanos” y recordó que la Constitución “protege el derecho a la orientación sexual y de género”.
Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos diez años hubo 64 asesinatos de personas del colectivo de homosexuales y transexuales, de los que solo catorce alcanzaron un proceso de investigación y ninguno arrojó una sentencia judicial.
