Por Samuel Acosta
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El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Fernando Escobar, señaló ayer su preocupación por las operaciones que se están realizando bajo el sistema de financiamiento colectivo, también conocido en inglés como crowdfunding, que se realizan actualmente sin ningún tipo de marco regulatorio.
“Posiblemente sea un instrumento interesante para la inclusión financiera, pero siempre que esté regulado, en caso contrario podría ser una bomba de tiempo por no estar supervisado por el Estado”, alertó.
Este sistema de inversión consiste en presentar a través de una plataforma virtual un proyecto en el que inversores pueden sumar aportes celebrando contratos individuales con el beneficiario.
El titular de la CNV dijo que no existe absoluta “mala fe” respecto al instrumento, pero el problema es que las operaciones tienen que estar registradas bajo la competencia de un ente regulador.
“Estas empresas realizan solicitudes de crédito y emiten un pagaré, hacen la solicitud haciendo oferta pública. Por lo tanto, las empresas deben registrarse en el Registro Público del Estado, y también registrar esos títulos. No hacerlo no solo es una falta administrativa, sino un delito”, aseveró.
denuncia. Por esta razón, Escobar confirmó ante nuestro diario que hace tres meses la CNV remitió los antecedentes ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Este derivó la causa Nº 3702/16 ante la Unidad Penal Nº 13 a cargo de la agente fiscal Esmilda Álvarez, quien se encuentra realizando la investigación.
Escobar explicó que el trabajo de la CNV, como ente regulador en el mercado de valores, es justamente monitorear sobre todo lo que ocurre en este mercado.
“Si existen faltas o indicios de que se realicen actividades y, si en estas se encuentra algo que no se ajuste a la ley, se remite inmediato la suspensión. Si se hace caso omiso a nuestra advertencia, entonces hay que remitir ante el Ministerio Público”, remarcó.
Dijo que la exigencia de la Comisión de Valores de registrar tanto a las empresas que sirven de plataforma como a las operaciones que se realizan es con el objetivo de proteger a los inversores sobre estos títulos de valores.
“Tenemos altas exigencias para que toda la información sea confiable. No podemos permitir que una empresa pida recursos para cierto destino, pero al final, no se utilice para ese efecto”, destacó.
Escobar reconoció que a finales del año pasado hubo una mesa de diálogo con un grupo de empresas que buscaban instalar este sistema de inversión, pero aclaró que no existió ninguna posición oficial del Estado respecto al instrumento.
La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) aclaró esta semana que el instrumento no cae bajo su supervisión ni tampoco ha dado el visto bueno para que se realicen las operaciones.
La Asociación de Financiamiento Colectivo (Afico) se conformó este año y, su titular, Nicolás Arréllaga, manifestó a ÚH que ya se realizaron operaciones de financiamiento colectivo por más de G. 2.000 millones en las que participaron 1.200 inversionistas.
