La sesión sobre las controvertidas medidas de Trump es una de las más esperadas de este periodo de sesiones, que se celebra desde el pasado miércoles y hasta mañana en la sede de este órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Se trata de la primera vez que el Gobierno de Trump comparecerá ante la CIDH, aunque no se sabe todavía qué nivel de representación enviará a las tres sesiones en las que tendrá que rendir cuentas.
La de las órdenes ejecutivas la convocó de oficio la comisión porque está preocupada por el “amplio margen de aplicación” que permiten y quiere resolver sus “dudas” sobre la nueva política de deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y asilo.
“Tenemos que escuchar al Estado, todos tenemos dudas sobre cómo funciona todo”, indicó recientemente a los periodistas el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Esa audiencia también abordará la orden ejecutiva para acelerar los procesos de revisión y aprobación ambiental de proyectos de infraestructura, que inquieta a la comisión porque puede suponer una violación del derecho a consulta previa de los pueblos indígenas.
Ocho pisos más arriba, en paralelo, se celebrarán tres audiencias sobre Colombia, dos de ellas acerca del acuerdo de paz, ante la “preocupación de organizaciones de la sociedad civil con el escenario de impunidad”.
Abrão ha evitado decir hasta ahora si la comisión comparte esa preocupación y se ha limitado a “afirmar los estándares del organismo de que las graves violaciones de derechos humanos no pueden generar situaciones de impunidad”.
El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó, un día después de que lo hiciera el Senado, el nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla FARC el 24 de noviembre tras la victoria del “no” en el plebiscito el 2 de octubre.
La comisión también abordará hoy, en dos audiencias diferentes, la situación de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) en El Salvador y la de los afrodescendientes en Cuba.
Se espera que el Estado de Cuba, como hace siempre, no envíe una representación a las audiencias.
Cuba es el único país del continente que no participa en la OEA, a pesar de que en 2009 se levantó la suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.
Los cubanos llevan así medio siglo en una suerte de limbo dentro del organismo continental ya que, pese a la negativa del Gobierno a reintegrarse, la CIDH -órgano autónomo de la OEA- atiende y denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla.
La filosofía detrás de esta situación es que la suspensión de Cuba se entendió como un castigo al Gobierno pero no a sus ciudadanos, que pueden acudir a la Comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos y así lo hacen en cada periodo de sesiones.
Las audiencias públicas de la CIDH, que se celebran varias veces al año en función del presupuesto, son la principal herramienta de la OEA para visualizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en la región.
