La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado de que este lunes solicitó al Estado de Venezuela la adopción de medidas en favor de Saleh y Carrero, al determinar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
“La Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Lorent Saleh y Gerardo Carrero, proporcionando la atención médica adecuada de acuerdo a las condiciones de sus patologías”, señaló el organismo en un comunicado.
Instó, además, a Venezuela a que “asegure que las condiciones de detención de Lorent Saleh y Gerardo Carrero se adecúen a estándares internacionales, tomando en consideración su estado de salud actual; y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes”.
Según la CIDH, Saleh y Guerrero “estarían ubicados en un sótano (cinco pisos bajo tierra), conocido como ‘la tumba’, del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)”.
Allí, son sometidos a un “aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2x3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre”, indicó la CIDH en un documento oficial.
Los dos presos han denunciado que padecen “crisis nerviosas, problemas estomacales, diarrea, vómitos, espasmos, dolores en articulaciones, dolores de cabeza, dermatitis, ataques de pánico, trastornos musculares y desorientación temporal” sin “presuntamente recibir atención médica adecuada”, añadió la Comisión.
El Gobierno de Venezuela tiene 15 días para informar a la CIDH sobre la adopción de las medidas solicitadas.
Saleh fue imputado en 2010 en Venezuela junto al también estudiante opositor Gabriel Valles por presuntos delitos de instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa, por su supuesta participación en una protesta en el estado de Carabobo (centro).
El pasado 17 de septiembre Saleh y Valles fueron también acusados por presuntamente incurrir en el delito de conspiración a la rebelión.
El Gobierno venezolano ha relacionado a Saleh con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, al que acusa de dirigir, al igual que Estados Unidos, un plan para desestabilizar el país y de haber promovido las protestas antigubernamentales que estallaron en febrero de 2014 y generaron hechos de violencia que e los que murieron 43 personas y centenares resultaron heridas o fueron detenidas.
Por su parte, Gerardo Carrero fue detenido en mayo pasado en relación con las protestas de febrero de 2014 y desde agosto se encuentra recluido en “la tumba”, de acuerdo con la CIDH.
El anuncio de la CIDH coincidió con la visita al organismo del expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien presentó una petición de medidas cautelares para proteger los derechos del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición venezolana, como Leopoldo López o María Corina Machado.
