En 2016 fueron 33 los periodistas asesinados en toda la región, en comparación con los 27 de 2015, 25 de 2014 y 18 de 2013.
Los 33 asesinatos de periodistas ocurrieron en Brasil, Honduras, México, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Venezuela.
El informe recoge además “cientos de agresiones, amenazas, y hostigamientos, entre otros actos de violencia cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación, (...) como consecuencia de las denuncias realizadas o la información difundida”.
En 2016 también hubo “declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades” en Colombia, Bolivia, Honduras, Ecuador, El Salvador y Venezuela, y múltiples agresiones contra periodistas en el marco de protestas sociales.
La CIDH destacó la detención de una periodista durante una protesta contra un oleoducto en Dakota del Norte (EE.UU.) así como decenas de agresiones, algunas de agentes de la fuerza pública, en Brasil, Colombia, Canadá, Paraguay, El Salvador y Venezuela.
El informe “condenó” además la muerte de manifestantes y agentes estatales en el marco de protestas en 2016: 8 en México, 4 en Venezuela, 3 indígenas y un estudiante en Colombia y 3 mineros en Bolivia, país en el que fue asesinado el viceministro del Interior, Rodolfo Alvarado.
La CIDH ve con preocupación en su informe las múltiples denuncias penales presentadas por funcionarios estatales o candidatos políticos contra periodistas por la publicación de informaciones de interés público, que acabaron algunas de ellas con condenas a penas de prisión.
“La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público persiste en algunos países como respuesta desproporcionada a los eventuales conflictos con el honor y la reputación”, apunta en informe.
Alerta además que “aunque no fue la regla, en un pequeño número de países se registró casos de censura estatal de medios de comunicación, bloqueo de páginas informativas en Internet y ataques de denegación de servicios contra sitios web de medios y organizaciones no gubernamentales”.
Finalmente, la CIDH “registra con especial interés los avances verificados en los Estados del hemisferio en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública” y ve “una buena noticia” en “el creciente rol de los tribunales superiores de varios países que emitieron pronunciamientos judiciales que incorporan una protección reforzada a la libertad de expresión”.
La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Américanos (OEA) con sede en Washington.
