“Creo que se puede considerar una violación al cese al fuego porque no han terminado de desarmarse y es una presión sobre la sociedad. Es una alteración al orden en la región y el acuerdo (de paz) claramente dice que eso está prohibido”, dijo Jaramillo a través de un audio en su Twitter.
La situación se generó por una misiva del Comando de Dirección de las FARC que está en el caserío de Pondores, ubicado en La Guajira, en la que invita a los alcaldes a “una reunión de coordinación” en el campamento guerrillero “con el objetivo de unificar esfuerzos en torno a la implementación de los acuerdos (de paz)”.
Por su lado, el senador del opositor Centro Democrático, Honorio Henríquez, indicó que es “totalmente inadmisible” que “las FARC citen a los alcaldes de La Guajira para revisar los planes de desarrollo y pidan que se les compartan los documentos existentes frente a este tema”.
En su opinión, la situación no solo atenta contra la soberanía del pueblo guajiro sino que deja en evidencia que el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “le entregó el país a las FARC para que cogobiernen a su antojo y decidan sobre el rumbo de nuestra Nación”.
Al respecto, alias “Alirio Córdoba”, quien hace parte del mando guerrillero en Pondores, en donde se sitúa una de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) que albergan a los insurgentes previo a su desmovilización y desarme, dijo por teléfono a Efe que es necesario que los alcaldes inscriban los programas de desarrollo en el plan marco de implementación de los acuerdos.
“Sobre esta preocupación es que se basa la carta que hemos dirigido a los alcaldes”, precisó.
El texto en cuestión está fechado en Pondores el 27 de marzo y en el mismo las FARC proponían que la reunión se realizara ayer.
El Gobierno colombiano y las FARC firmaron el pasado 24 de noviembre un acuerdo de paz que actualmente está en implementación con leyes que se tramitan en el Congreso.
En esa dirección, las FARC entregaron al Gobierno el martes pasado una lista de 6.804 guerrilleros ubicados en las ZVTN.
Como parte de lo pactado, los insurgentes se movilizaron hacia las ZVTN y los puntos transitorios de normalización (PTN), en donde permanecerán hasta que entreguen sus armas a la Organización de Naciones Unidas y puedan reincorporarse a la vida civil.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las FARC también hicieron entrega formal de “un primer listado de milicianos, que contiene un total de 1.541 integrantes” y se encuentra en fase de verificación.
