Por ejemplo, indica que la entidad pagadora (patronal) debe obligatoriamente realizar los descuentos del salario de su empleado y hacer la transferencia a la entidad operadora, que es la empresa con la que su empleado asumió una deuda.
“La pagadora no recibe ninguna compensación por el papel que desempeña en la operación. Sin embargo, la pagadora sí es pasible de responder con su propio patrimonio y de ser objeto de cuantiosas multas, por el incumplimiento del mandato que se le ha dado”, cuestionan.
La ley plantea un registro único de entidades de libranza, cuya lista debe estar disponible en una página web, pero Capasu cuestiona que la ley no menciona exenciones de responsabilidad para el caso en que dicho registro no esté actualizado o contenga datos erróneos.
Recuerdan que en el artículo Nº 15 del proyecto de ley se prevé, además, que un nuevo empleado puede incorporarse a una empresa con una libranza preexistente; en cuyo caso no se advierten mecanismos para que la pagadora sepa de esta situación, más que la mera comunicación de la operadora, la cual, al efecto, tiene el derecho (art. 17) de averiguar o monitorear en todo momento el cambio de lugar de trabajo del usuario.
Señala el proyecto que quienes incumplieren con las obligaciones legales serán pasibles de sanciones monetarias que van de 10 días-multa a 300 días-multa.
El dictamen recuerda que un día-multa es una medida no determinada, que puede oscilar entre 20% del jornal mínimo diario y 510 jornales mínimos diarios. “Esta fluctuación es un tanto extraña, y como técnica legislativa, cuanto menos, poco convincente. Por lo general, las multas deben ser bien determinables, por lo que se opta por adoptar siempre el jornal mínimo diario como unidad de medida”, indican.
