La acusación implica automáticamente la suspensión temporal de los acusados y el caso pasa ahora a tratamiento del Senado, donde se realizará un proceso administrativo, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
La máxima sanción que pueden afrontar los acusados es la suspensión definitiva de sus cargos.
El presidente del Consejo, Wilber Choque, es desde hoy el único miembro habilitado de ese órgano, que tiene como competencia para el control disciplinario y la designación de jueces.
Tras varias horas de un debate que concluyó en la madrugada, la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó la resolución de suspensión con el apoyo de 71 votos ante 20 abstenciones de los representantes de la oposición.
La decisión de suspender a los consejeros fue una consecuencia de una denuncia presentada por el abogado Eloy Felipe Toledo, que fue designado como juez en 2012 para la localidad de Ixiamas (norte del departamento de La Paz), pero que nunca pudo asumir su cargo.
Toledo denunció por esa razón a Cristina Mamani y a Virginia Crespo, que eran la presidenta del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Justicia de La Paz, respectivamente.
Según el comunicado, después de que se notificara a Toledo con su designación de juez, el Consejo de la Magistratura aprobó un acuerdo que lo excluyó de esa nueva responsabilidad.
El abogado dijo que las autoridades del Consejo insistieron en que no asumió el cargo porque tenía una denuncia en contra, pero la misma nunca fue probada.
En la sesión parlamentaria estuvieron presentes Wilma Mamani, su abogado y el representante legal de Cristina Mamani.
En su comparecencia ante los legisladores, Wilma Mamani, expresó que “si bien cometió un error administrativo, en ningún momento cometió algún acto de corrupción”.
