Los miembros de la Cámara baja, por 292 votos a favor y 101 en contra, aprobaron en plenario el texto principal de una iniciativa que abre el presal para otras petroleras pero aún tienen que votar en otra sesión, sin fecha aún definida, algunos detalles y enmiendas que pueden modificar el proyecto.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Senado, reforma el marco regulador de la explotación de petróleo en Brasil y que convertía a Petrobras en el socio, con al menos el 30 %, de cualquier consorcio que se adjudique licencias para explotar el presal.
La petrolera estatal, además, era por obligación el operador de cualquier consorcio que explote el presal, es decir la responsable por toda la infraestructura de exploración y explotación, por lo que las socias tendrían que limitarse a aportar capital.
El proyecto aprobado pone fin a las dos restricciones y determina que Petrobras decida facultativamente si quiere ingresar a los consorcios que explotarán el presal y si quiere ser el operador.
En otras palabras, permite que cualquier compañía, incluso extranjera, pueda adjudicarse licencias para explotar el presal y ser su propio operador.
La reforma era defendida por el propio presidente de Petrobras, Pedro Parente, quien alega que las dificultades financieras de la empresa estatal le impiden ser el operador único en el presal.
Petrobras tiene en marcha un proceso de reestructuración para hacer frente a sus dificultades financieras, a su deuda récord y a la coyuntura negativa del sector, con los bajos precios del crudo, que prevé millonarias desinversiones.
El presal, un horizonte de explotación que se extiende frente a todo el litoral sudeste de Brasil, puede convertir al país en uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo, pero por las limitaciones de Petrobras hasta ahora tan sólo ha sido concedida una licencia para explotar el área.
El proyecto de ley que pone fin a la exclusividad de Petrobras fue aprobado en una sesión interrumpida en numerosas ocasiones por parlamentarios de la oposición, que acusan a los partidos oficialistas de estar vendiendo el patrimonio brasileño, así como por dirigentes sindicales de la petrolera estatal.
La reforma fue propuesta por el senador José Serra, que actualmente ejerce como ministro de Relaciones Exteriores, y ya fue aprobado por el Senado, por lo que pasará a sanción del presidente brasileño, Michel Temer, cuando la Cámara baja apruebe los detalles pendientes.
Temer, que asumió con plenos poderes tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el pasado 31 de agosto, ha defendido la privatización de varias estatales y las concesiones al sector privado de diferentes servicios y actividades para hacer frente a la actual crisis económica de Brasil.
