“Las actividades fueron efectivamente retomadas hoy, pero al 35 %", señalaron a efe fuentes de JBS, que el pasado jueves decidió suspender 33 de las 36 plantas que tiene en el país.
El descenso en la producción de la carne bovina no se traducirá en despidos masivos por lo que los 125.000 trabajadores que emplea el gigante cárnico en Brasil se mantendrán en sus puestos, señaló la empresa en un comunicado.
JBS, una de las mayores exportadoras de carne del mundo, es una de las 20 compañías del sector implicadas en el escándalo destapado el pasado 17 de febrero y que puso en alerta a los principales clientes internacionales de ese producto brasileño.
Según la Policía Federal, las empresas investigadas “maquillaron” con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para el consumo, para lo cual sobornaban a una treintena de fiscales sanitarios.
De los 21 frigoríficos puestos bajo sospecha en la investigación, el Ministerio de Agricultura ya ha cerrado cuatro de ellos, el último fue anunciado hoy al descubrir indicios de fallos en sus instalaciones.
La planta cerrada pertenece a la empresa Souza Ramos y está ubicada en Colombo, municipio del estado de Paraná (sur), que se suma a las otras tres prohibidas con anterioridad de las compañías Peccin y BRF.
El escándalo alcanzó dimensiones internacionales, pues Brasil es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo y el cuarto en el segmento de cerdos, y llevó a una veintena de países a anunciar restricciones temporales a las importaciones del producto.
No obstante, algunos países como China, Egipto, Chile y Corea del Sur, que habían decretado diferentes restricciones a las importaciones de carne brasileña, han vuelto a autorizar el envío del producto brasileño tras recibir las pertinentes aclaraciones.
Aun así, otros importantes compradores como Hong Kong y la Unión Europea continúan con restricciones activas a la carne brasileña a la espera de recibir más informaciones del Gobierno del presidente Michel Temer.
Según cálculos oficiales, el escándalo puede costarle a Brasil un 10 % de su mercado externo y pérdidas en torno a los 1.500 millones de dólares anuales.
