La iniciativa, impulsada por Liechtenstein con el apoyo de decenas de países, obtuvo 105 votos a favor, 15 en contra y 52 abstenciones.
El texto establece un “mecanismo internacional, imparcial e independiente” para asistir en la investigación y procesamiento de los responsables de los crímenes más serios cometidos en Siria desde marzo de 2011.
Ese órgano deberá cooperar con la comisión de investigación sobre Siria ya existente desde 2011 para recopilar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de violaciones de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos.
La Asamblea General encarga a la Secretaría General el desarrollo en un plazo de veinte días de los detalles de este mecanismo para su rápida puesta en marcha.
El texto aprobado hoy subraya la “necesidad de asegurar la rendición de cuentas” por lo ocurrido en Siria con procesos adecuados a nivel nacional e internacional.
Al mismo tiempo, insiste en la importancia de que cualquier proceso político que pueda resolver la guerra garantice una responsabilidad para las violaciones y abusos de las normas humanitarias y de los derechos humanos vividos en el país.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) animaron en los últimos días a los Estados miembros a respaldar la resolución para asegurar justicia para las víctimas de los graves crímenes cometidos en Siria.
El país árabe no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que este tribunal solo podría ocuparse de la situación en ese país si así lo llegara a decretar el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia, el gran aliado del régimen de Damasco, y China han vetado la medida.
Hoy, Rusia y otros países como Irán, Venezuela, Cuba o Suráfrica se mostraron muy críticos con la resolución y defendieron que la Asamblea General está extralimitándose y cometiendo una injerencia en los asuntos internos de Siria.
El Gobierno sirio, por su parte, insistió sin éxito en que el voto no debía producirse, alegando que la Asamblea General no tiene competencias para ocuparse de este asunto.
