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Opinión
domingo 26 de junio de 2016, 01:00

La ajenidad en Curuguaty

Por Guido Rodríguez Alcalá

Según el diccionario de la Real Academia Española, ajenidad significa trabajo "por cuenta ajena, en contraposición a trabajo autónomo" (independiente). Pero estamos en el Paraguay, tenemos un castellano paraguayo y, sobre todo, un sistema judicial paraguayo; aquí uno puede ir preso por ajenidad. Veamos.

La tragedia de Marina Cué (Curuguaty) se originó en que, en 2012, un grupo de campesinos pidió al Gobierno ese terreno fiscal para establecer una colonia agrícola. El terreno fue ocupado por la Marina paraguaya hasta 2004, cuando Nicanor Duarte Frutos decidió destinarlo a la reforma agraria, una decisión sostenida luego por Fernando Lugo. El Indert apoyaba a los campesinos, quienes ocuparon el lugar, a la espera del título de propiedad. Chocaron con Blas N. Riquelme, que también lo ocupaba, y que lo reclamó como suyo a partir de 2005, poco después de que Duarte Frutos decidiera destinarlo a la reforma agraria. Riquelme inició una interminable acción judicial sobre la propiedad del inmueble, aún no terminada en el fuero civil.

Sin embargo, la división de los poderes del Estado ha degenerado en anarquía. En junio de 2012 la fiscala Ninfa Aguilar decretó que el terreno era de Riquelme y, a pedido de él, presidió una comitiva fiscal y policial para desalojar a los campesinos. Riquelme ni tenía ni podía tener el título de propiedad, pero Aguilar allanó Marina Cué el 15 de junio; en el operativo murieron once campesinos y seis policías.

Aguilar fue reemplazada por Rachid Lichi, quien repitió que Marina Cué era de Riquelme, y amplió la imputación contra los campesinos sobrevivientes del operativo fiscal-policial. La defensa de los campesinos y la prensa han señalado que el terreno no es de Riquelme (fallecido en 2012) ni de sus herederos. Para los fiscales que reemplazaron a Rachid eso no tiene importancia porque, aunque no sea de Riquelme, de alguien ha de ser, y no de los campesinos.

Ajenearon muchos, se castiga solamente a quienes no aprovecharon el gobierno de Stroessner para hacerse con un campito, como el finado Blas N. Por ajenear y otras fechorías (homicidio) piden 40 años de cárcel para Rubén Villalba. No está probado que él hubiera disparado ningún arma aquel 15 de junio, pero, según la Fiscalía, "los revólveres fueron sometidos a peritaje y todos pueden efectuar disparos excepto uno, no como las mentiras que escuchamos en los medios". Los medios no se refirieron al revólver sino a las escopetas: tres de ellas no habían sido disparadas y una estaba rota, según la pericia agregada al expediente.

"Todas las vainas servidas del calibre .38 fueron percutidas al igual por el arma de calibre .12", dice la Fiscalía. Si no fue un arma multiuso y se disculpa la gramática, el .38 es el que le habían robado, supuestamente, a un empleado de Riquelme, lo cual ha despertado dudas: para algunos, fue una prueba plantada; para otros, hubo una plantación, un sojal de pruebas. No quedan dudas sobre la escopeta 12 plantada y regada como un OGM: "Escopeta presentada como evidencia fue robada 7 días después de la masacre" (Abc, 2-8-13). Entre las pruebas incriminatorias está que "Rubén (Villalba) solía hacer críticas al Gobierno, a los invasores brasileños, al imperialismo yanqui, también alababa al mariscal López". Sin ser lopista, no me parece bien que se persiga a alguien por lopista.