Las autoridades carcelarias declararon muerto este miércoles a Joseph Rudolph Wood, condenado a la pena capital por los asesinatos en 1989 de su compañera y el padre de ella, una hora y 57 minutos después que comenzara la inyección del sedante midazolam y el narcótico hidromorfona.
Los testigos dijeron que Wood, de 55 años, continuó resoplando y tomando bocanadas de aire cientos de veces, cuando la ejecución debería haberse completado en unos diez minutos.
“Daba bocanadas como un pez en tierra”, relató el periodista Michael Kiefer, del diario The Arizona Republic, que fue testigo de la ejecución. “El movimiento era como un pistón. Abría la boca, se levantaba el pecho, una convulsión en el abdomen”.
“Y cuando el médico vino a examinarlo, anunció por el micrófono que Wood seguía sedado, pero podíamos escuchar los ruidos que hacía, como cuando el filtro de una piscina chupa aire”, agregó. “Fue muerte por apnea y continuó por más de una hora y media”.
El caso reavivó hoy el debate en Estados Unidos sobre la pena de muerte, un castigo restablecido por el Tribunal Supremo de Justicia en 1976 y que se aplica todavía en 32 estados.
Una de las limitaciones de la pena de muerte es la Octava Enmienda de la Constitución que prohíbe “castigos crueles e inusitados”.
En enero pasado, Dennis McGuire, de 43 años y condenado a muerte por la violación y asesinato en 1989 de la recién casada y embarazada Joy Stewart, demoró casi 25 minutos en morir después de que se le inyectara la misma combinación de compuestos, usada por primera vez en Estados Unidos para ejecutar a alguien.
En abril Clayton Lockett, de 38 años y condenado por la violación y asesinato de Stephanie Neiman, murió como resultado de un ataque cardiaco casi una hora después de que se le administrara una combinación de tres químicos, incluido midazolam.
Los abogados de Wood habían expresado a los tribunales estatales y federales sus preocupaciones acerca de la combinación de compuestos químicos y la negativa del Departamento de Correcciones de Arizona a dar información sobre las partidas específicas de las cuales se obtuvieron las drogas.
“Arizona se ha sumado a los estados responsables por un horror que podría evitarse totalmente: una ejecución mal ejecutada”, dijo Dale Baich, uno de los abogados defensores de Wood. “El público debería responsabilizar a los funcionarios y exigir que este proceso sea más transparente”.
Las polémicas sobre la pena de muerte en sí se han acentuado en EE.UU. desde que los análisis genéticos han probado la inocencia de numerosos convictos y desde que comenzara la escasez en todo el país de tiopentato de sodio, un narcótico que formaba parte de un cóctel de tres compuestos usado en las inyecciones letales.
El mes pasado Hospira, la única compañía con permiso para fabricar el narcótico en EE.UU., anunció que ya no lo produciría después de una campaña global movilizada por los adversarios de la pena de muerte.
Esa escasez ha forzado a los Estados donde hay condenados a muerte a postergar las ejecuciones, a buscar lo poco que quede de tiopentato de sodio o a probar compuestos alternativos.
Desde 1976 en Estados Unidos se ha ejecutado a 1.385 personas y hay actualmente 3.070 condenados a muerte a la espera del castigo.
Aunque los negros son en EE.UU. el 12 % de la población, han sido el 34 % de los reos ejecutados y son el 41 % de la población en el pasillo de la muerte.
