Vielmann, que tiene nacionalidad española desde 2009, fue ministro entre 2004 a 2007, bajo la presidencia de Óscar Berger.
Durante su mandato, según la Fiscalía española, “autorizó y supervisó en unión con otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario la creación de una estructura criminal clandestina, compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad”.
Este grupo llevó a cabo varias actividades delictivas, según el fiscal, entre ellas la ejecución de ocho presos, uno de los cuales fue asesinado en 2005 tras fugarse de la cárcel y los otros siete un año después, durante el asalto a otro centro penitenciario por parte de las fuerzas de seguridad.
Las acusaciones contra Vielmann se basan en una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala.
Según el denunciante, el acusado acordó la creación de ese grupo con altos cargos de su Ministerio, entre ellos el exjefe de la Policía de Guatemala Erwin Sperisen, condenado en 2015 a cadena perpetua por la justicia de Suiza (donde reside) por la ejecución de 10 presos.
El primer asesinato tuvo lugar el 3 de noviembre de 2005, unos días después de que se fugaran 19 reos de la cárcel de máxima seguridad “Infiernito”, suceso por el que se creó un equipo especial para buscar a los reclusos dentro del denominado “Plan Gavilán”.
Los integrantes recibieron las órdenes de asesinar a los presos que se lograra capturar, como fue el caso de Edwin Santacruz Rodríguez, que fue detenido en una vivienda y trasladado a un punto de la carretera de Ciudad de Guatemala a Departamento de Zacapa.
El cadáver del preso apareció con ocho impactos de bala en el asiento del copiloto de un vehículo y la versión oficial que emitió Vielmann, dice el fiscal, es que la policía pidió identificarse al prófugo y entonces se produjo un enfrentamiento con armas de fuego.
También se le juzga por el asesinato de siete presos en septiembre de 2006, cuando se elaboró un plan policial para retomar el control del centro penitenciario Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que estaba tomada por un grupo de reclusos autodenominado “Comité de Orden y Disciplina”.
Durante el asalto a la cárcel, el equipo clandestino que tenía orden de matar a los cabecillas de la revuelta los ejecutó en diferentes puntos del recinto y luego encubrieron los asesinatos alterando la escena de los crímenes.
Posteriormente, relata el fiscal, el Ministerio de Gobernación emitió un vídeo oficial que reconstruía los hechos con imágenes tomadas en el lugar, ocultando la realidad.
Por estos asesinatos, la Fiscalía pide para Vielmann 160 años de prisión (20 años por cada muerte, con un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo) y también reclama que indemnice con 300.000 euros (315.700 dólares) a cada uno de los familiares de los fallecidos.
