La misma resaltó la importancia de contar con funcionarios altamente capacitados y eficientes, para facilitar el cumplimiento de las metas estipuladas tanto en centros educativos y penitenciarías.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas y la Dirección General Asesoría Jurídica, desde el inicio de este periodo presidencial, excluyó de su anexo de personal a 30 funcionarios permanentes (a través de sumarios administrativos) y 100 personales contratados, que recibían sus salarios y no prestaban servicio alguno en la institución.
El control de la eficacia y eficiencia del funcionario público forma parte de la regularización administrativa requerida por el Ejecutivo.
Actualmente esta cartera de Estado se encuentra abocada a fortalecer el sistema de control de cumplimiento de funciones asignadas a los funcionarios, a través de la distribución e instalación de relojes biométricos en todas las penitenciarías y centros educativos del país, así como otras medidas ordenadas por la ministra Carla Bacigalupo, informaron desde la institución.
