El que se apropia de una gallina y es pescado in fraganti conoce el rigor de la ley y su destino es entre las rejas; el llamado ladrón de guantes blancos –aquel potentado hombre de sociedad que ostenta un cargo o tiene influencias en el engranaje judicial– no pisa una comisaría cuando los indicios le señalan por haber perpetrado un delito, está bien resguardado por un ejército de abogados y ni se despeina tratando de justificar sus fechorías. Así de injusta se maneja la justicia (¡oh, paradoja!).
La desigualdad en el trato con relación a manifestaciones de ciertos actores públicos también es patente, dependiendo de que interese o no a la claque de encumbrados, siempre acomodados bajo el manto de autoridades, en tanto que los reclamos sociales –estigmatizados de principio a fin– conocen la rápida represión para acallar las voces que se levantan con el fin de exigir transformaciones y derechos.
El accionar de las fuerzas públicas llega hasta la ridiculez al momento de priorizar la salvaguarda del orden, cuando se presentan hechos de público conocimiento y que no son medidos con la misma vara. Un caso puntual se dio con la polémica conducta del abogado Paraguayo Cubas, quien enarboló de manera peculiar la bandera de la disidencia y el rechazo ante la administración de la justicia y en contra de los poderes fácticos.
Mientras la Policía Nacional se abocaba desproporcionadamente a fines de enero a contener sus andanzas en la capital, a donde Payo Cubas llegó desde Ciudad del Este tras también haber armado lío, resurgían los nefastos vientos desde el Norte con incursiones del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus recurrentes exigencias a familiares de secuestrados, infundiendo temor y burlándose de las autoridades, como si se tratase de un juego macabro de escondidas entre el gato y el ratón.
Ergo, trescientos agentes policiales siguieron de cerca y contuvieron a un desarmado Cubas que solo quería protestar en Asunción (ciertamente con irreverencia suprema, que incluye cintarazos a jueces y defecación en oficinas judiciales) y llenar de grafitis la camioneta del fiscal general del Estado y otras autoridades; en tanto que en nada cambiaba la situación del Norte con respecto a las amenazas del EPP y los secuestrados, teniendo como escenario un poder clandestino que se enseñorea frente a la falta de respuestas desde el Estado para brindar un mínimo de seguridad a la zona.
En el primer caso, todo el rigor de la ley y hasta la mediatización de los hechos; en el segundo, el abandono y la tristeza de familias que aún no recuperan a sus seres queridos, privados injustamente de su libertad.
