SAO PAULO - BRASIL
El juez federal de Brasil que conduce la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, autorizó a la Policía Federal a instaurar una investigación independiente relacionada con reformas edilicias realizadas en una chacra frecuentada por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
El documento, que permitirá la presencia de policías en la chacra situada en Atibaia, estado de São Paulo, es secreto y fue firmado por Moro el 4 de febrero, aunque entró en el sistema de la Justicia Federal del estado de Paraná (sur de Brasil) ayer 9 de febrero.
“Este Juzgado no tiene óbices a la efectivación del desmembramiento (de la investigación) requerida por la Policía Federal”, escribió Moro en la autorización para la nueva investigación.
La policía investiga si las obras de la reforma fueron pagadas por constructoras investigadas en la operación Lava Jato.
La Policía ya investigaba una causa vinculada a la constructora OAS, pero pidió al juez autorización para una nueva pesquisa de carácter exclusivo.
El Instituto Lula, dirigido por el ex mandatario, dijo que el ex presidente nunca escondió que usaba la chacra Santa Bárbara en días de descanso. La propiedad pertenece a amigos de la familia del ex presidente de Brasil. El Instituto Lula dijo también que no existen ilegalidades relacionadas con la propiedad.
imAgen golpeada. Las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petrobras afectaron la imagen del ex presidente Lula da Silva (2003-2010), según una encuesta de la firma Ipsos divulgada el lunes. Según la pesquisa, solo 25% de los entrevistados consideran a Lula un político honesto.
En 2005, en pleno escándalo del mensalao (pago de sobornos a parlamentarios por parte del Poder Ejecutivo) 49% de los entrevistados decían considerar a Lula un político honesto.
Más de dos tercios de los consultados, 68%. Estiman que Lula no tiene moral para hablar de ética, y 67% opina que el Lava Jato demuestra que el ex presidente es tan corrupto como otros políticos.
Lula es la gran apuesta del oficialista Partido de los Trabajadores para las presidenciales de 2018, y uno de los principales soportes –según admite el propio PT– de la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad actual apenas supera el 6 por ciento.
