El proceso sigue forzosamente bajo la ley de alianza público-privada (APP), a pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) recomendó su cancelación, luego de que una auditoría haya revelado irregularidades en el proceso, como la no precalificación de oferentes.
Justamente, lo que pretende Obras Públicas es que la máxima instancia judicial determine, “a ciencia cierta”, si el actuar de la Contraloría se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes. “La Corte tenía que rechazar la acción in límine, es decir, no debían de darle trámite, porque no es órgano consultivo”, expresó Estigarribia.
Aseveró que durante la administración de Horacio Cartes “se utilizó la declaración de certeza constitucional como una manera de ayudar al Gobierno a dar ciertos pasos que la Constitución no permite”, y que “ahora el MOPC insiste con este tema para sacarle del medio al contralor”.
Continuó: “Con el Gobierno de HC la Corte se está volviendo un organismo de consulta, que cuando responde, sus respuestas se vuelven obligatorias. Como es el más alto Tribunal nadie puede recurrir contra la Corte, salvo que alguien vaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para casos específicos”.
Enfatizó que “lo grave es la tergiversación del rol de la máxima instancia judicial al interpretar la Constitución y esa tergiversación se da con los pedidos que se han hecho en este Gobierno desde la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda y ahora en el MOPC”.
El jurista insistió que lo que pretende Obras Públicas no tiene asidero constitucional ni legal y que es causal de juicio político a la Corte. Resaltó que la Justicia debería acabar con “esta práctica heredada y continuada de hacer declaraciones de certeza constitucional en casos como este”.
Antecedentes. La APP del Aeropuerto es un proyecto que estuvo marcado por anomalías, por lo que el proceso fue auditado por la Contraloría, a pedido de la Comisión Permanente del Congreso.
El ente recomendó cancelar el proceso porque el MOPC obvió la etapa de precalificación y varias otras anomalías. Pese a ello, Obras Públicas se mostró con intención de adjudicar a toda costa la concesión de la terminal aérea por 30 años al consorcio liderado por la española Sacyr, porque los otros dos oferentes quedaron fuera de competencia.
Sacyr tiene antecedentes desfavorables en otros países y, para la Contraloría, este factor fue fundamental a la hora de dar su recomendación para la cancelación. La firma española ofreció un canon anual de 32,06% al Estado.
Vale señalar que el MOPC primero recurrió al Tribunal de Cuentas para anular el dictamen del ente contralor, pero luego desistió de la acción para recurrir directamente a la Corte, como último recurso para salvar la fallida APP.
