Los mencionados directivos de la citada empresa de momento no irán a prisión, ya que el fiscal que ahora lleva el caso, el agente Jorge Noguera, levantó la orden de captura.
El abogado de los directivos de Protek, Gustavo González Planás, mencionó que pedirán que la jueza Rosario Montanía ejerza el control de la imputación contra sus clientes, amparándose en el artículo 282 del Código Procesal Penal, que dice que las actuaciones de investigación del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Judicial se realizarán siempre bajo control judicial.
“La jueza tiene tres alternativas: admitir, rechazar o devolver la imputación; lo que nosotros decimos es que la fiscala Ruiz Díaz actuó sin el conocimiento de la ley”, mencionó González Planás.
Al ser consultado sobre una posible injerencia del ex fiscal Juan Claudio Gaona, anterior apoderado de la empresa SIT, actual pareja de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz, mencionó que a él no le consta; sin embargo, manifestó que la actuación de la agente se encuentra fuera de la ley.
Por su parte, el abogado Federico Campos, abogado de la familia de Mauricio Benítez, joven fallecido luego del cuestionado procedimiento de los guardias de seguridad de la empresa Protek, se reafirma en que los propietarios de la firma deben responder por la actuación criminal de sus agentes, que a su entender no están preparados para tan delicado trabajo y no cuentan con el registro de portación de armas necesario.
“Aquí no se pide que los responsables vayan a prisión por haber gatillado el arma, lo que se pidió fue que los agentes que fueron protagonistas del crimen y la empresa misma no contaban con el registro de portar armas”, manifestó. Además del Jurado, el fiscal general Javier Díaz Verón pidió que lo actuado hasta ahora sea auditado.
