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Editorial
martes 6 de junio de 2017, 02:00

Jurado de Enjuiciamiento no debe ser instrumento político

La denuncia del fiscal general y de toda la cúpula del Ministerio Público contra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por supuestas remociones arbitrarias de agentes fiscales e intentos de intimidación, pone de nuevo en el tapete la verdadera función de este organismo constitucional, creado para velar por la correcta aplicación de la Justicia, pero que sin embargo es utilizado como instrumento de presión o de venganza política. Actualmente es además escenario de peleas políticas, en las que el oficialismo cartista busca remover al representante de la Cámara de Diputados en el JEM. Urge devolver al Jurado su verdadero carácter constitucional. De lo contrario, se seguirá causando un grave daño al sistema democrático.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es un organismo con rango constitucional, creado con el principal propósito de velar por la correcta aplicación de la Justicia, ya que su principal atribución es la de enjuiciar y remover a los magistrados judiciales y agentes fiscales por la comisión de delitos o el mal desempeño de sus funciones, según lo establecido en la legislación vigente.

Sin embargo, al igual que otros organismos que en la práctica se encuentran sometidos a los intereses de los sectores políticos, el JEM se ha desempeñado principalmente como un instrumento al servicio de la clase política para ejercer un control sobre la labor de jueces y fiscales, ya sea para intentar poner trabas a sus labores, enviando amenazas de posibles sanciones en el caso de que decidan investigarlos, o directamente como un medio ejecutor de venganzas políticas cuando se sientan afectados.

En este sentido, la reciente remoción de algunos agentes fiscales, como el caso de Ysaac Ferreira, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, quien se hallaba investigando casos de esquemas de lavado de dinero provenientes del crimen organizado, o la suspensión del fiscal Ángel Ramírez, quien investigaba un caso de supuesta estafa que involucra a la escribana Nélida Chávez, esposa del senador cartista Óscar González Daher, actual presidente del JEM, parecen confirmar plenamente las reiteradas denuncias acerca de la instrumentación de este organismo para poner en vereda a los fiscales y jueces que osen afectar a los intereses de los poderosos legisladores y dirigentes políticos.

La pelea que se ha desatado a nivel legislativo, con respecto al JEM, enturbia aun más el panorama. Actualmente, los legisladores del oficialismo colorado cartista están moviendo los hilos en el Congreso para tratar de remover de su cargo al representante ante el Jurado, el diputado Eusebio Alvarenga, al igual que al representante ante el Consejo de Magistrados, Julio Javier Ríos, debido a que ambos responden al sector colorado disidente. La estrategia sería tratar de copar ambos cargos con candidatos del movimiento oficialista Honor Colorado, liderado por el presidente de la República, Horacio Cartes, de cara a las próximas elecciones internas de la ANR.

Esta puja incluso puede interpretarse como un nuevo intento de violar la legislación, ya que ambos cargos de representantes del Poder Legislativo ante el JEM solo podrían modificarse con un juicio político, según una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Urge devolver al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados su verdadero carácter constitucional para que deje de ser utilizado como un instrumento de represión y manipulación política, que le está haciendo mucho daño al sistema democrático republicano.