Comenzó el periodo parlamentario y un tema se instala como orden prioritario en el Senado: el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia (Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo). El tema está pendiente desde hace más de un año y tiene como fundamento razones de mal desempeño, corrupción supuesta, tráfico de influencia presunto, etc., etc. Después de que a nadie en apariencia importara demasiado el asunto –porque en teoría no había los 30 votos necesarios que pide la Constitución Nacional–, el interés repentino tiene como telón de fondo algo que se enarbola con fuerza desde el Poder Ejecutivo y que se llama reelección presidencial.
No significa esto que lo hayan aplazado hasta ahora para retomarlo en esta coyuntura (aunque pareciera que sí), pero hete aquí que el momento es más que propicio para empezar a especular, medrar, transar o negociar cuotas, poder, no destituciones, no juicio político, etcétera.
Desde el Ejecutivo, que encabeza el presidente Horacio Cartes, pronto dijeron que no se meten en este debate porque “él respeta los Poderes y sus funciones”. También alegaron que la reelección “no forma parte de la agenda presidencial, por ahora”. Más allá de las declaraciones oficiales, los conciliábulos y reuniones políticas con o sin presencia de Cartes van en esa dirección.
En este contexto, también hay que considerar el debate en torno al reciente nombramiento en Itaipú del hijo de la actual presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta de Correa.
Todo esto, luego de que algunos políticos y leguleyos de ocasión aceitaran la idea de que en última instancia la Corte deberá opinar. Y si la Corte deberá opinar, los ministros que la integran deberán ser quienes emitan esa opinión... Y Blanco, Bajac y Garay Zuccolillo son sapos de ese pozo.
El juicio político a los miembros de la máxima instancia judicial es impulsado institucionalmente por la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado que Cartes rentó para ser presidente de la República.
El ministro de la Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, también está en esa lista, pero extrañamente en este momento no es prioridad, porque él no opinará sobre un caso eventual de discusión sobre la reelección, o por lo menos lo que diga no será vinculante.
Así estamos. Nada es casual ni gratuito. Como suele ocurrir, principalmente en el mundo político, todo es de toma y daca, o como dirían los ingleses tit for tat.
