Justamente, el legislador estuvo haciendo su descargo y hasta acusó a sus correligionarios que corresponden al llanismo de estar detrás de su imputación.
Una de las acciones contra Amarilla fue promovida justamente por Blas Llano, del sector Equipo Joven, por difamación, y en la querella se habla de la inmunidad.
Es que Amarilla, tras el incendio del edificio del Senado, había acusado directamente a Llano de haber premeditado los incidentes del 31 de marzo pasado, en el que incluso fue asesinado el joven dirigente del PLRA Rodrigo Quintana.
El otro caso por el que está procesado el senador tiene que ver con una imputación por lesión de confianza durante su gestión como gobernador del Departamento Central.
Amarilla calificó de “mamotreto” y “mamarracho” el documento presentado por la Contraloría General de la República, que supuestamente se hizo luego de un trabajo de 30 meses, y en el que se habla de una “exorbitante cifra” de G. 9.000 millones.
En una exposición ante el plenario, mencionó que la auditoría forense se negó a acompañar un informe que no tuviera el sustento técnico necesario como para ser remitido a la Fiscalía.
“García no aguantó el telefonazo palaciego”, acusó con relación al actual contralor Enrique García.
Relató que la fiscala Victoria Acuña tomó el caso y que a través de una representación técnica se puso a disposición.
“Fui a visitarla en su despacho el 8 de marzo para decirle que me ponía a su disposición”, relató.
Mencionó que le acercó una serie de documentos hasta que finalmente Acuña decidió formular imputación en contra de varias personas y lo incluyó.
Cuestionó que al final, la cifra fue totalmente distinta y se hablaba supuestamente de un faltante de G. 3.187.592.656.
en detalles. Amarilla enumeró los hechos investigados, como la diferencia en la provisión de la leche fluida, siendo proveedores dos conocidas marcas: Chortitzer y Parmalat.
Refirió que se cuestiona que se entregó menos producto, a lo que alegó que lo que no se entregó no se pagó.
En cuanto a la adquisición de galletitas, mencionó que hubo un remanente por lo que firmó un contrato con las empresas para que se entreguen a inicios de clases del año siguiente, que era febrero del 2013. Manifestó que como él ya no ejerció el cargo de gobernador porque había renunciado, ya correspondía a su sucesor esa cuestión.
“Si hubo problemas de distribución que es una cuestión que no me consta, en todo caso será responsabilidad de terceras personas”, dijo.
En cuanto a la construcción de empedrados, alegó que correspondía al llanista Blas Lanzoni. Trató al contralor de pusilánime y deseó larga vida a los que se frotaban las manos por emparentarlo “como chancho de su chiquero”.