La magistrada tuvo por iniciada la garantía constitucional presentada por los abogados Ezequiel Santagada, Romy Fischer y Marta Ferrara.
Además, como lo señala la legislación civil, pidió un informe circunstanciado al Consejo de la Magistratura, por un plazo perentorio e improrrogable de 3 días.
Los citados abogados habían requerido entre el 28 y el 30 de agosto, datos acerca de la forma en que se conformó la terna para la Fiscalía General del Estado (FGE), integrada por Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y Victoria Acuña.
Sin embargo, el titular del Consejo, Osvaldo González Ferreira, había rechazado el pedido de revelar el test de integridad, capacidad y personalidad, alegando que puede afectar la intimidad de la persona.
Tampoco concedió el dictamen o parecer del Tribunal de Honor, porque el reglamento había explicado que era de carácter reservado.
Esto fue lo requerido por la vía del amparo basado en la ley de acceso a la información pública. Señalan que los candidatos al someterse al proceso de selección, los datos ya son públicos.
Igualmente, apuntan que prevalece el derecho a la información y que los datos solicitados no tienen carácter de reservados por ninguna legislación.