Pérez Idoyaga reconoció que delinquió y que estaba dispuesta a reparar el daño social, representando como abogada a dos presos en forma gratuita y donar G. 7 millones, durante la audiencia preliminar el pasado 14 de octubre.
Esta última propuesta fue admitida en forma favorable por el fiscal Luis Piñánez.
Sin embargo la magistrada tras analizar dos días el caso, finalmente ayer decidió rechazar el sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de la acusada.
La acusación refiere que Liz Pérez, quien se desempeñaba como fiscala electoral de Paraguarí, en el 2009, se habría quedado con G. 185 millones, producto de cobros de 15 tarjetas de débito, de personas que fueron contratadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
