En el caso, la acusación es por lesión de confianza. También afecta al ex director general de Administración y Finanzas, Aníbal Gerardo Muñoz, el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones, Fernando Sakoda, y al ex director financiero del Ministerio del Interior, Juan Diego Fernández.
Según la fiscalía, el perjuicio patrimonial fue calculado en G. 1.200 millones, desembolso que se realizó supuestamente para la refacción de 24 comisaría que no se ejecutaron.