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Economía
martes 3 de octubre de 2017, 01:00

Juez rechaza amparo promovido por frentistas de Costanera

El juez Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz resolvió hace unos días rechazar in limine una medida de amparo que promovieron varias familias del Bañado norte de Asunción, afectadas por las obras de la segunda etapa de la Costanera, contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El magistrado consideró que la desestimación obedece a “una notoria improcedencia” y que “no tiene los requisitos legales exigidos para que pueda ser considerado viable”, de acuerdo con el documento del Poder Judicial, al que accedió ÚH.

La acción fue promovida por: Rosa Ferreira, Andrea Paniagua, Junior Castillo, Juan Castillo, Lilian Brítez y Eugenio Ortiz, todos afectados por las obras de la Costanera II. Los mismos alegaron que desde hace varios años vienen trabajando con el MOPC y la Senavitat, sin embargo, no se les ofreció ninguna solución habitacional.

Mientras tanto, el juez consideró que “no se puede considerar siquiera la posibilidad de la acción de amparo cuando existe un principio consagrado y protegido constitucionalmente, como lo es, sin dudas, el principio de la primacía del interés general sobre el de los particulares”.

Lo concreto es que varias familias se encuentran actualmente en la incertidumbre, ya que el MOPC no ofrece una solución definitiva a la problemática, según se pudo constatar hace unos días en un recorrido de la zona.

Por un lado, los bañadenses hablan de unas 800 familias afectadas, de las cuales 440 ocupan la franja de dominio de la traza principal, y alegan que ya se liberaron unas 350 afectaciones. Los mismos mencionan que los datos fueron brindados por Obras Públicas.

Mientras tanto, Daniel González, director de Gestión Ambiental y Social del MOPC, señaló a ÚH hace unos días que solo falta liberar a 12 familias del tramo principal del proyecto, de un total de 414 afectados.

El funcionario refirió que un total 402 familias ya fueron indemnizadas y serán reubicadas. Sin embargo, se le consultó sobre las más de 350 familias afectadas para los accesos de la avenida (San Estanislao, Cañadón Chaqueño e Independencia Nacional) y dijo que recién ahora estarán trabajando con estas familias. Refirió además que solo 200 familias se ven afectadas en la parte de los accesos.

El MOPC previó USD 6 millones para indemnizaciones y expropiaciones. Según denuncian los bañadenses, lo máximo que la cartera ofrece a cada familia es hasta G. 50 millones, monto que consideran insuficiente para mudarse a otro lugar. Muchos, al no tener otra opción, y ante amenazas de llegar a la Justicia, acuerdan dejar sus hogares. “Eso es una mentira”, reiteró el funcionario.