El juez de Garantías Óscar Aníbal Delgado admitió ayer la imputación contra el funcionario judicial Carlos Robert Torres Zárate por supuesto tráfico de influencias. Supuestamente, comercializó el voto del ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
Al mismo tiempo, el magistrado fijó para este viernes, a las 10, la audiencia para que el imputado se presente para la imposición de medidas cautelares.
El fiscal Arnaldo Giuzzio había requerido la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el encausado. Asimismo, solicitó seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo en el caso, lo que fue concedido por Delgado.
Según la imputación, existen grabaciones y filmaciones en contra del encausado, en las que este solicita la suma de 5.000 dólares para conseguir el voto favorable del ministro Sindulfo Blanco en una casación por un caso de robo agravado.
En el caso, tras el pago, salió a la luz el fallo a favor del abogado Adolfo Gigglberger, quien pagó al funcionario la suma, lo cual fue filmado.
En el fallo, los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac votaron a favor, mientras que la doctora Alicia Pucheta de Correa votó en contra.
PROHIBICIONES. En la audiencia de mañana, el juez oirá al procesado y luego deberá decidir. En este caso, el fiscal Arnaldo Giuzzio requirió la aplicación de las medidas alternativas a la prisión.
Entre las condiciones, el fiscal pidió que se le prohiba acercarse al Poder Judicial, así como comunicarse con los denunciantes, Ramona Rivas y el abogado Adolfo Gigglberger, además con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, también se requirió la prohibición de salida del país y el cambio de domicilio, así como la comparecencia mensual ante el juzgado de Garantías interviniente.
Ya se notificó del acta de imputación tanto al abogado defensor, el ex fiscal general del Estado Óscar Latorre, como al imputado, Carlos Robert Torres Zárate.
CASACIÓN. La comunicación del inicio de las investigaciones se hizo el 10 de junio del 2009, cuando el mismo juez Óscar Delgado autorizó las grabaciones al funcionario. Asimismo, también se ordenó las filmaciones del operativo.
El abogado Adolfo Gigglberger planteó ante la Sala Penal el recurso extraordinario de casación. Ante esto, el ahora imputado se ofreció a gestionar el voto favorable del ministro que debía ser el preopinante, Sindulfo Blanco, a cambio de 5.000 dólares.
Es más, según el profesional, la oferta se realizó ya en noviembre del 2008, cuando presentó el recurso. Las negociaciones se cerraron recién en abril e inicios de mayo del 2009.
El 26 de mayo de ese año, Blanco emitió su voto favorable. No obstante, Torres también prometió el voto en igual sentido de la ministra Pucheta, que fue en contra, por lo que el voto decisivo fue el del ministro Miguel Óscar Bajac.
En su indagatoria, Torres dejó constancia que el ministro Sindulfo Blanco nada tenía que ver con el caso. Esta versión no la cree el fiscal Arnaldo Giuzzio.
