En esta diligencia el magistrado deberá resolver si acepta la suspensión condicional del procedimiento para Gómez y el criterio de oportunidad para Brizuela, solicitados por la fiscalía, o si da trámite de oposición y le corre vista al fiscal general del Estado.
La fiscala Sandra Quiñónez solicitó al Juzgado la aplicación de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por 2 años, con la condición que done 3.500 proyectiles calibre 5,56 mm a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), entre otras reglas de conducta. En tanto, para la esposa pidió el criterio de oportunidad, ya que solo movió la camioneta para transportar las armas pertenecientes a su marido.
Ambos fueron imputados por “detentación de armas de uso civil” con una expectativa de pena de 10 años de prisión. Pero la fiscala cambió la calificación con una pena de 5 años de cárcel.