El magistrado fue sorteado el pasado viernes, luego de que la Cámara de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrada por los camaristas Mirtha González, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios, anularan la resolución del juez Julián López, que elevó el caso a juicio oral.
Con la nulidad declarada en segunda instancia, la audiencia preliminar debe realizarse de nuevo, y el juzgador López quedó obligado a separarse por disposición legal, que señala como una de las causas inhibición.
La diligencia fue prevista para dos días, el 11 y 12 de mayo, desde las 8.15. No obstante, al ser notificadas las partes, igual pueden plantear la recusación contra el juez, en caso de que entiendan que existen motivos para la separación del caso.
Además del legislador Víctor Bogado, también fueron acusados en la causa Gabriela Quintana (conocida como la supuesta niñera de oro) y Miguel Pérez, ex jefe de Gabinete del senador colorado.
LA PESQUISA. La investigación se inició a raíz de que Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo de la Itaipú Binacional, lo que fue tomado por los fiscales como una doble remuneración estatal, prohibida por la Carta Magna. La misma supuestamente ingresó por influencias de Bogado.
Por su parte, la defensa de Víctor Bogado señala que, en realidad, los funcionarios de las binacionales no son empleados públicos, por lo que no se puede dar la doble remuneración.
No obstante, esta defensa había sido rechazada por el juez, aunque con la nulidad, de nuevo puede ser planteado durante la audiencia preliminar ante Delgado.
La resolución de la Cámara de Apelaciones había sido duramente cuestionada debido a que el fallo que eleva el caso a juicio oral no puede ser apelable según la ley.
Sin embargo, los camaristas, entre ellos Emiliano Rolón, entonces candidato a ministro de la Corte, habían justificado que a pesar de ser inapelable, en el estudio de la admisibilidad del recurso se percataron de la nulidad.
Entre otras cosas, habían argumentado que el juez no había hecho un análisis de la acusación del Ministerio Público, a más de haberse pronunciado 5 días después de la diligencia, violando el principio de inmediatez.
El juez López, en su defensa, había dicho que resolvió en la audiencia, como prescribe la ley, y luego dio los argumentos por escrito.
Con la resolución de nulidad, en varias causas, ya se plantearon recursos similares, teniendo en cuenta el precedente que dejaron los camaristas, entre ellos, el caso del ex ministro Luis A. Riart.