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Mundo
jueves 21 de julio de 2016, 13:49

Juez definirá en una audiencia si procesa a los acusados de saquear al Estado de Guatemala

Guatemala, 21 jul (EFE).- El juez Miguel Ángel Gálvez inició hoy la audiencia judicial en la que definirá si procesa o no a 57 acusados de saquear al Estado de Guatemala, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La diligencia comenzó casi a las 10.00 hora local (16.00 GMT) una hora después de lo programado, con la verificación de la presencia de los imputados y sus abogados, además del Ministerio Público (MP) y los representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que actúa como querellante en el caso.

Gálvez trasladó a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el centro cívico de la capital, una serie de expedientes que analizó en los últimos días.

Con base en las evidencias presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP y el descargo realizado por los abogados, el juzgador deberá decidir si liga a proceso judicial a los acusados.

Gálvez aseguró que su resolución será "apegada a derecho" porque durante la audiencia de primera declaración, que se inició el pasado 13 de junio, se les permitió a los acusados su "defensa técnica y material" tras las imputaciones.

Sostuvo que su resolución no será dictada por la "presión popular".

Explicó que su veredicto estará enfocado sobre "los indicios y no en las pruebas" y que su fallo puede ser apelado. "No voy a valorar ni medios de investigación y muchos menos pruebas", enfatizó.

Si el juez considera que existen suficientes elementos de convicción, el caso será elevado a la denominada "etapa intermedia" en la que se decide si los acusados irán o no a un juicio oral y público.

De lo contrario, el juzgador deberá emitir otras medidas legales, que bien puede ser la libertad o el arresto domiciliario de algunos, ninguno o todos los imputados por este caso, denominado como "Cooptación del Estado".

Pérez Molina y Baldetti, señalados de ser los cabecillas de esta estructura criminal, fueron acusados por la Feci de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho pasivo.

En esta organización figuran empresarios, abogados y exfuncionarios públicos.

Una de las principales pruebas presentadas por la Feci es el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, quien relató la forma en que supuestamente se integró la estructura para saquear las arcas del Estado.

Según Monzón, los miembros de la organización cobraban el 10 % de los contratos del Estado que otorgaban a empresarios y financistas del Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez Molina y Baldetti.

De esas comisiones, el 60 %o iba para Pérez Molina y Baldetti y el resto era repartido entre otros integrantes de la estructura.

Sin embargo, el juez aclaró que Monzón no ha sido escuchado como colaborador en este caso por el Juzgado de Mayor Riesgo B, por lo que las declaraciones que dio a la Feci "no serán usadas para dictar esta resolución".

El exbinomio presidencial ya está ligado a proceso judicial por un caso de defraudación aduanera conocido como "La Línea", red que fue desarticulada en abril de 2015, en el que también figura como testigo Monzón.

Además fueron procesados por haber recibido una millonaria comisión por haber otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) el contrato para ampliar la portuaria en el Pacífico guatemalteco.

Sin embargo, tanto en el caso "La Línea" como en el de TCQ, la Justicia aún no decide si Pérez Molina y Baldetti serán enviados o no a juicio oral y público.

Debido a lo extenso de los expedientes, el juez ha previsto que la lectura de su resolución por la "Cooptación del Estado" puede durar una seis horas.