El juez Julián Ercolini convocó a la procuradora el próximo 31 de agosto para recabar toda la información posible sobre la compra de un edificio por unos 44 millones de pesos (USD 2,61 millones), una operación que, según la Fiscalía, fue una maniobra fraudulenta contra los intereses de la institución.
Según el auto publicado ayer en el Centro de Información Judicial (CIJ), tras las primeras pesquisas existen sospechas de que la maniobra analizada “habría tenido por objeto defraudar los intereses de la Procuración General de la Nación” y que habría sido “planeada y llevada a cabo desde los más altos niveles de decisión” del ente.
En abril, dentro de esta misma causa, el juez ordenó el allanamiento de las oficinas de la Procuración para hacerse con los expedientes relativos a la compra de un inmueble.
La decisión se produjo poco después de que Gils Carbó destituyera a Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector de Administración del Ministerio Público Fiscal en el momento de la compra. efe
